La barbarie no reduce su andar en México

México se dispone a conmemorar otro aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en un escenario sociopolítico que recuerda el caos, la incertidumbre y la violencia que caracterizaron aquel fatídico año.

Como en ese entonces, hoy el ambiente está enrarecido por la inconformidad estudiantil. El alumnado del Instituto Politécnico Nacional se ha declarado en paro por los cambios que las autoridades pretenden hacer al plan de estudios, entre ellos eliminar ciertas materias para rebajar su categoría de “ingenieros” a la de “técnicos superiores”. Los jóvenes, con sobrada razón, se quejan de que esto afectará seriamente la calidad de su educación y, al igual que en el 68, exigen un diálogo con las autoridades. Ojalá éstas hayan aprendido la lección de lo ocurrido hace 46 años y escuchen las voces juveniles para evitar que las protestas escalen y deriven en represión.

Lo que más lastima a los mexicanos es el clima de violencia y abuso a los derechos humanos que se respira por doquier. Todavía no nos recuperamos de las graves denuncias contra un grupo de militares por supuestamente haber ejecutado a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya, cuando ahora surge otro escándalo que causa aún más horror, el de Iguala. Aquí, el pasado 26 de septiembre policías municipales abrieron fuego contra estudiantes normalistas que viajaban en un autobús de pasajeros, así como contra miembros del equipo de futbol de tercera división “Los Avispones de Chilpancingo”. El saldo: 6 muertos, 17 heridos y 57 jóvenes desaparecidos.

Como resultado del brutal ataque, 22 policías municipales están detenidos pero nadie se explica, hasta ahora, por qué ocurrió la matanza y quién dio la orden.

Las autoridades más altas, como de costumbre, brillan por su ausencia y sus declaraciones rayan en lo ridículo. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca indicó que mientras ocurría el tiroteo él se encontraba en un baile y que se había enterado de los hechos por su secretario, cuando todo había terminado. Por su parte, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, se limitó a condenar la agresión y a garantizar que se investigará lo ocurrido.

Nadie, sin embargo, cree ya en estas promesas. Como muchos otros estados del país, Guerrero es, desde hace años, un paraíso del crimen organizado donde reina la impunidad y la gente de bien vive con temor y zozobra. Al asumir la presidencia hace ya casi dos años, Peña Nieto aseguró que su prioridad sería restablecer el estado de derecho y la tranquilidad de los mexicanos. Hasta ahora, vemos con profunda decepción que ha fracasado de manera estrepitosa y que la situación va de mal en peor