Activistas desconfían de investigación sobre abusos en centro de detención
Piden explicación sobre cómo se llevaron a cabo los interrogatorios a las mujeres detenidas
Washington, D.C. ? Activistas proinmigrantes desconfían de una investigación que libró de culpa a guardias de seguridad por el presunto abuso sexual de detenidas en el centro de detención para familias en Karnes City (Texas), y este lunes exigieron cuentas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La semana pasada, la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS dijo que, tras una investigación, no encontró evidencias de abuso sexual de mujeres detenidas en Karnes City por guardias de seguridad, a cambio de favores, dinero o trato preferencial.
El centro de Karnes City fue inaugurado en agosto de 2014 a un costo de $32 millones y está operado bajo contrato federal por la empresa privada GEO Group, que ha negado las acusaciones.
Marisa Bono, una abogada de MALDEF en San Antonio (Texas), que presentó una queja en octubre pasado por los presuntos abuso, señaló que el informe de OIG determinó que hubo conducta sexual entre dos guardias de seguridad en la lavandería de Karnes, “pero no menciona medidas correctivas ni explica en qué condiciones se interrogó a las mujeres”.
Bono espera respuestas del DHS sobre qué medidas está tomando para asegurar una mayor supervisión en el centro de detenciones y protecciones para las familias allí detenidas.
Por su parte, Barbara Hines, cofundadora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas, otro grupo que se sumó a la queja de MALDEF contra Karnes, dijo que el gobierno debe recurrir a alternativas “menos costosas y más humanas, especialmente para solicitantes de asilo”.
“No nos satisface el informe de OIG porque tanto testigos como víctimas tienen miedo de hacer denuncias, y otros detenidos posiblemente hayan sido deportados”, dijo.
A su juicio, lo ocurrido en Karnes demuestra que GEO “no tiene suficientes mecanismos para evitar incidentes como el de la lavandería, a donde llegan niños y mujeres, ni tiene gente suficientemente capacitada para proteger a los detenidos o dar cuidado infantil”.
Los centros de detención para familias son un fenómeno relativamente nuevo en EEUU y constituyen un universo paralelo creado para disuadir la emigración ilegal desde Centroamérica.
La revista del New York Times los calificó recientemente como una “vergüenza” para el país.
Para responder a la migración masiva de indocumentados centroamericanos en 2014, DHS abrió recientemente un centro en Dilley (Texas), con capacidad para hasta 2,400 detenidos.
Pero las condiciones denunciadas por grupos proinmigrantes en sitios como Karnes City (Texas) y Artesia (Nuevo México), y en Hutton (Texas) antes de su clausura en 2009, solo han alimentado las críticas contra la Administración Obama, que insiste en que el bienestar de los detenidos en su máxima prioridad.
En total, incluyendo la pequeña instalación en Berks, Pensilvania, DHS ahora cuenta con cuatro centros de detención para familias, para alojar a parte de los centenares de miles de indocumentados que arresta cada año en la frontera sur.
A toda crítica, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) replica que la agencia tiene “cero tolerancia” para ningún tipo de abuso o conducta indebida, y que se toma en serio el bienestar de los inmigrantes bajo su custodia.
