Editorial: Hay que ayudar ya a Puerto Rico

La crisis por el impago de la deuda de Puerto Rico continúa. La isla ha tomado medidas para controlar sus gastos e incrementar sus ingresos, pero eso es insuficiente para hacer frente a los 70 mil millones de dólares que adeuda. La administración Obama está intentando enviar fondos para la infraestructura en la isla, pero se necesita el apoyo del Congreso para obtener un respiro de sus acreedores.

El problema es que a Puerto Rico, a diferencia de los estados y las ciudades de la Unión Americana, se le ha quitado injustamente en la década de los ochentas la posibilidad de acogerse al Capítulo 9 de la ley de bancarrota, la cual permite al deudor frenar a los acreedores mientras reorganiza su deuda. Para esto es fundamental que el Congreso tome cartas en el asunto para crear una vía legislativa que permita la recuperación de la isla para poder cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, no existe simpatía alguna por la situación que pasa Puerto Rico y los puertorriqueños en la mayoría republicana del Congreso. La isla es considerada un enclave demócrata que llegó a esta crisis por políticas sociales deficitarias. Otro motivo para el rechazo de un plan de protección a Puerto Rico es la cercanía de los legisladores a Wall Street que quiere que le paguen sea como sea.

Esto ignora el que Puerto Rico ya tiempo tomando pasos para mejorar sus finanzas. Por ejemplo, en la isla se pagan los impuestos a la venta más altos del país, allí elevó el gravamen a la gasolina, se eliminaron decenas de miles de empleos y se cortaron cientos de millones de dólares en educación. Pero esto no es suficiente. Puerto Rico es dos veces más pobre, que el estado de Mississippi en ingreso por persona y uno de los costos de vida más altos de Estados Unidos. Esto ha causado una emigración de población que redujo la base impositiva causando una mayor dificultad para recaudar ingresos.

Se estima que tres de cada cuatro bonos municipales en fondos mutuales de Estados Unidos  contiene deuda puertorriqueña por el alto rendimiento que significa la no excepción impositiva. La Casa Blanca hasta ahora planea invertir 400 millones de dólares en caminos y rutas para inyectar fondos, pero se necesita más. El Congreso debe actuar antes que la crisis se sienta en los fondos. El permitir la bancarrota ayudará a la isla pero especialmente protegerá la solidez de un sector del sistema financiero nacional.