Editorial: Un ejercicio colonial en Puerto Rico
La propuesta del Congreso no hace nada concreto para ayudar a que la isla supere la crisis financiera
Finalmente el Congreso está tomando cartas en la crisis financiera de Puerto Rico. Un comité de la Cámara de Representantes cree que el problema es la incapacidad de los puertorriqueños de administrarse. Por eso, la solución planteada es el equivalente a colocar una niñera a quien le rindan cuentas y que los vigile.
La propuesta del Comité de Recursos Naturales establece una Junta Supervisora de cinco integrantes designados por la Casa Blanca, cuatro de ellos deben salir de una lista de gente provista por los presidentes de la Cámara Baja y el Senado. El gobierno de Puerto Rico, Ejecutivo y Legislativo deberán someter sus presupuestos para la aprobación de la Junta y, en el caso de desacuerdo o “error” como lo define el proyecto, la Junta puede imponer su plan de gastos y de impuestos, determinando si el destino del dinero son los puertorriqueños o los acreedores de la deuda de más de 70 mil millones de dólares.
Es un error creer que una situación económica que se viene desgastando desde hace tiempo puede ser revertida solo con mano férrea. Esa posibilidad pasó hace mucho. La realidad es que hoy no hay una base impositiva para exprimir un presupuesto que cumpla con las exigencias necesarias para repagar a los tenedores de bonos ni a los compromisos asumidos con la población.
La propuesta legislativa deja el camino abierto para el recurso de mantener alejados a los acreedores y reducir la deuda. Algo parecido al Capítulo 9 de la Ley de Bancarrota que permite la reorganización, pero distinto. La Junta es la que toma esa decisión. Cuatro de los cinco integrantes responden al Congreso republicano que hasta ahora protege más el pago a los acreedores que la precaria situación de los puertorriqueños. Esta alternativa incomoda a Wall Street, pero es difícil que sea instrumentada. La prioridad legislativa ha sido hasta ahora defender el interés de los bonistas.
La propuesta no es ningún rescate porque no se dan fondos federales para ayudar a Puerto Rico. Es un ejercicio colonial en que se ignoran todos los beneficios, entre ellos impositivos, que dio la isla para Estados Unidos y hoy en vez de ayudarla, le pone obstáculos. Primero le quitó arbitrariamente la posibilidad de acogerse normalmente a la bancarrota y luego quiere eliminar de hecho el poder del gobierno local por virreyes designados desde Washington. Esa no es la solución.
