Editorial: Sin propiedades y sin derechos

Si usted llega a ser sospechoso, por los motivos que sean, de un delito que es investigado por por las autoridades locales y federales, sus bienes pueden ser confiscados civilmente a pesar de que usted nunca sea llevado ante un tribunal o sea acusado de algún delito.

No solo eso, sino que el 80% de estos bienes van a la policía local para ser gastados con poca supervisión y 20% al gobierno federal. Para recuperar esos bienes o valores, tendrá que hacer un largo y costoso recorrido pagando abogado y, al revés de lo usual, usted tiene que demostrar el origen legal de estos bienes en vez de ser las autoridades sean las que deban demostrar la ilegalidad de los mismos.

Todo esto es resultado de un programa del Departamento de Justicia de Compartir Equitativamente, que a diferencia de la confiscación criminal no se necesita de una declaración de culpabilidad para quitarle los bienes a un individuo. Esto a primera vista es una violación a los derechos del individuo y a la propiedad privada.

El programa se inició en la década de los ochentas como una manera de combatir el narcotráfico, en el 2000 fue levemente reformado por el Congreso ante los reportes de abusos por parte de las autoridades. Los atentados del 9/11 elevó el uso del programa, ahora para buscar terroristas. Las controversias del programa llevaron a hacerle cambios menores anunciados con gran fanfarria en 2014, en 2015 el departamento de Justicia lo suspendió por falta de fondos y hace menos de un mes volvió a entrar en vigencia.

Un análisis del The Washington Post mostró que a partir del 2001 se incautaron bienes mas de 2,500 millones de dolares en efectivo a mas de 55 mil personas, además de bienes. Se estima que 7,600 departamentos de policía participaron del Compartir Equitativamente. El dinero obtenido de esta manera representa más del 20% del presupuesto para cientos de departamento policiales y del Sheriff. Las agencias policiales deben usar el dinero sólo “para propósitos de hacer cumplir la ley”, pero a falta un sistema de controles las auditorías aisladas han mostrado que el dinero es usado para banalidades como cromado de los riles de motocicletas.

La solución es eliminar este programa que incorrecto por donde se lo vea. El Congreso debe acabar con el incentivo material para que la policía realice las confiscaciones civiles, reforzar los derechos a la propiedad, las protecciones legales del individuo y exigir transparencia en las confiscaciones y uso de los fondos. Una persona que no es convicta no debe perder sus bienes.