Con rezos y consignas, activistas piden ayuda del Tribunal Supremo para implementación de alivios migratorios
Activistas abuchean al congresista republicano Steve King por apoyar la deportación de indocumentados
WASHINGTON.- Activistas cívicos de todo EEUU y posibles beneficiarios de los alivios migratorios acamparon ante el Tribunal Supremo, algunos con pancartas y otros con rosarios, para pedir a los jueces que den luz verde a sendos programas contra la deportación para poco más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados.
Mientras adentro del imponente edificio de mármol ocho jueces vitalicios escuchaban los argumentos orales a favor y en contra de los alivios migratorios en el caso “United States v. Texas”, afuera centenares de activistas y familias inmigrantes coreaban consignas pidiendo solidaridad con su causa.
Apoyada en brazos, la niñita Sophie Cruz, nacida en Los Angeles de padres indocumentados, explicó que viajó a Washington ” para luchar por los alivios migratorios, porque niños como yo tenemos derecho a la protección y vivir con nuestros padres “, mientras a sus espaldas los activistas gritaban consignas como “sin papeles, sin miedo”, y “sí se puede!”.
Por su parte, el cardenal Theodore McCarrick, confío en que “con la ayuda de Dios, las familias podrán mantenerse unidas… la fortaleza de EEUU está en sus familias, en sus inmigrantes”.
“Estamos trabajando con el pueblo de Dios, con las familias. Si el gobierno separa a las familias, eso no es correcto y debemos asegurarnos de que eso no es lo que haremos en este país”, afirmó.
La líder sindicalista mexicoamericana, Dolores Huerta, también confió en que los testimonios de las familias “ablanden los corazones y conciencia” de los jueces “para dar una decisión justa y mantener unidas a las familias”.
Así, centenares de activistas e inmigrantes llegaron a Washington en caravanas desde estados como California, Michigan, Illinois, Nueva York, Texas y Florida y, para lograr cupo dentro del salón de audiencias, tuvieron que acampar durante todo el fin de semana, o esperar en una cola que serpenteaba por toda la cuadra del edificio.
“Tengo cuatro niñas nacidas en EEUU. ¿Qué hago si me deportan? Mis hijas sufrirían las consecuencias, y por eso estoy acá luchando contra las deportaciones“, dijo Teresa López, originaria de Campeche (México) y quien viajó 20 horas por tierra desde Miami (Florida).
La oaxaqueña Isidora Vielma viajó desde Nueva York con un grupo religioso para “pedir algo bueno” del Tribunal Supremo que beneficie a sus hijos y nietos, porque “la espera se ha hecho larga”.
Aunque el fallo está previsto para junio próximo, los activistas y sus partidarios, bajo el paraguas del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (“FIRM”), quisieron realizar una demostración de fuerza y trasladar el mensaje sobre el costo humano, moral, económico y político de una deportación masiva.
“Acá los republicanos no argumentan que el presidente no puede parar las deportaciones de los (beneficiarios de) DACA y DAPA sino que no quieren darles permisos de trabajo ni licencias de conducir… es como decir que saben que los indocumentados se quedarán en EEUU, pero los harán sufrir y pasar miseria”, dijo el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez.
“A mí me parece que nosotros vamos a prevalecer…el hecho es este: se van a quedar los cuatro millones porque nadie puede obligar al presidente a deportarlos”, afirmó.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo debido a una demanda de Texas y otros 25 estados, bajo control republicano, que se oponen a los alivios migratorios argumentando que Obama se excedió en sus poderes ejecutivos cuando los anunció en noviembre de 2014.
El juez conservador en Brownsville (Texas), Andrew Hanen, mandó los alivios migratorios al congelador en febrero de 2015, y el Quinto Circuito de Apelaciones en New Orleans (Louisiana) reafirmó ese fallo en noviembre de ese año, abriendo una lucha campal sobre el futuro de las medidas ejecutivas.
En una escena que se tornó brevemente en un circo mediático, un minúsculo grupo de activistas conservadores, intentaba hacerse oír con consignas en contra de los alivios migratorios, argumentando que Obama se ha excedido en sus poderes ejecutivos.
Mientras, varios activistas persiguieron y abucheaban al congresista republicano por Iowa, Steve King, por oponerse a los alivios migratorios y exigir “mano dura” contra los indocumentados.
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Imágenes afuera del Tribunal Supremo, con centenares de activistas pidiendo que los jueces den luz verde a los alivios migratorios anunciados por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. Fotos: María Peña/Impremedia
Movilización contra las deportaciones
En paralelo al apoyo a los alivios migratorios, el grupo pro-reforma “FWD.us” mantienen una campaña en internet para recabar 10,000 firmas y enviarlas a los precandidatos presidenciales para denunciar las deportaciones masivas.
La petición destaca que las deportaciones no sólo causan la ruptura de las familias sino que costaría unos $600,000 millones, eliminaría $1,7 billones de la economía, y convertiría a EEUU en “un Estado policial con masivos campamentos de prisiones”.
Esa cifra no incluye los cerca de $800 millones en beneficios económicos que obtendrían los gobiernos locales y estatales por concepto de los impuestos que pagarían los indocumentados si permanecen en el país, según un documento presentado por una coalición de 118 ciudades y condados, incluyendo Nueva York.
Los activistas también señalan que las deportaciones tendrían un alto precio en las urnas el próximo 8 de noviembre, porque la mayoría de los votantes hispanos tendrá en cuenta quiénes apoyaron los alivios migratorios y quiénes buscaron su eliminación.
