Analizan cadena perpetua en México

MÉXICO, D.F. – La aprobación o rechazo de multas de más de 42,000 dólares y penas que van de los 40 años a la cadena perpetua o “prisión vitalicia” por secuestro está en manos de los senadores mexicanos, después de que la Cámara de Diputados diera luz verde a las esperadas sanciones.

Sólo por casos denunciados se tienen registros de entre 700 y 800 plagios en lo que va del año, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero organizaciones como el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad han señalado que el número de delitos sin reporte ante la autoridad se multiplica por siete.

Los legisladores en la Cámara Baja están optimistas de que las reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro serán herramientas para inhibir a los delincuentes que por lagunas legales o por penalizaciones suaves quedan en libertad para reinicidir.

El diputado Pablo Escudero del Partido Ecologista de México (PVEM), -organización que ofreció en campaña pena de muerte para secuestradores- descartó que la ley reformada sea un peligro para las garantías individuales.

“Estamos actuando de acuerdo con los derechos humanos y lo más importante estamos actuando respecto a un reclamo social”, dijo.

Las nuevas sanciones son duras contra los secuestradores que maten a la víctima o ésta muera como consecuencia directa de la reclusión o alguna enfermedad sin atender: entonces las penas serán de 40 años a prisión vitalicia.

En situación similar se encuentran los secuestradores que pertenezcan o hayan sido miembros de las fuerzas de seguridad (policías y militares)

Las sanciones por 35 años y multas de alrededor de 32,000 dólares se aplicarían en caso de tortura o violencia sexual y entre 20 y 40 años de cárcel por secuestro exprés que regularmente se utiliza para extorsionar a las familias y obligar a la persona a vaciar sus cuentas bancarias.

Las penalizaciones se agravarían cuando las víctimas son menores de 18 años, ancianos o incapacitados.

La reforma busca que los estados del país a homologar sus códigos penales con los estándares internacionales y a trabajar en conjunto y daría facultades a la policías investigadoras para intervenir líneas telefónicas, si.lo autoriza un tribunal federal.

“Se obligará a las autoridades federales y a la PGR (Procuraduría General de la República) y a las estatales a combatir de forma coordinada y uniforme al delito del secuestro”, detalló el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI).

También se contemplan incentivos para los secuestradores en proceso judicial que proporcionen elementos que lleven a localizar y liberar a una víctima.

Las reformas propuestas por el presidente Felipe Calderón en 2010 fueron aprobadas el pasado martes con 309 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.