Alud mata a dos niños y un anciano
Bogotá/EFE – Un alud de tierras causó ayer la muerte de dos niños y un anciano en una casa rural de la población colombiana de Samaná, tragedia que elevó a 185 el número de personas que han perdido la vida en la temporada de lluvias, informaron portavoces de la Cruz Roja.
Las víctimas ocupaban una vivienda campesina sobre la que se abatió un deslizamiento, dijo el director general del Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana (CRC), César Urueña.
La tragedia ocurrió en Jardines, paraje en las montañas de Samaná, localidad del departamento de Caldas, que ha sido una de las once regiones más afectadas por la actual temporada lluviosa, la segunda del año en Colombia.
Urueña precisó que dos niños, de 6 y 11 años, y un anciano, de 81, fallecieron sepultadas por el derrumbe, al que sobrevivió, aunque herida, la madre de los menores.
El responsable de la CRC resaltó que con estas tres personas se elevó a 185 el número de muertos por este período de lluvias, que comenzó el 1 de septiembre. La mayoría de las víctimas, 135, se han registrado por deslizamientos, mientras que otras 40 por inundaciones.
Las autoridades colombianas detuvieron a 175 de los 267 miembros de una banda armada del narcotráfico que habían quedado en libertad tras entregarse a funcionarios judiciales, informó ayer la Fiscalía General en Bogotá.
Los otros son buscados por las fuerzas de seguridad del país con fundamento en órdenes de captura que la misma entidad judicial emitió desde el pasado 26 de diciembre, dos días después de que todos ellos fueron dejados en libertad.
Los detenidos pertenecían al llamado Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia (Erpac, de extrema derecha), que aparentemente se disolvió la semana pasada con la entrega de 284 de sus miembros.
La rendición se produjo del 22 al 23 de diciembre pasado en los Llanos Orientales del país y todos ellos fueron concentrados en un recinto campestre cercano a Villavicencio (centro), la capital del departamento del Meta.
Del total, 17 quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los otros 267 fueron liberados por cuanto no tenían órdenes de captura en contra ni afrontaban procesos judiciales, según lo advertido por la Fiscalía General. La masiva liberación causó polémica en el país por tratarse de miembros de una banda criminal.