Pocitos de carbón son trampas de muerte

Estas minas operan sin reglas ni supervisión de las autoridades
Pocitos de carbón son trampas de muerte
Un minero al salir de su centro de trabajo en el pocito Agujitas. Su salario promedio es de 60 dólares por semana.
Foto: Gardenia Mendoza / La Opinión

Segunda parte de una serie de tres

BARROTERÁN, México.- Fernando Lara ya no trabaja ni va a la escuela. La verdad es que a sus 15 años ya no sabe qué hacer desde que un pedazo de madera le cortó un brazo: un proyectil disparado desde el fondo de la tierra por la explosión del Pocito Número 3 de Sabinas, al norte de Coahuila, donde murieron 14 mineros.

“De repente vi una bola de fuego que salía hacia la boca del pocito donde yo llevaba una semana trabajando: me habían puesto ahí para recoger el carbón que enviaban desde abajo”, señala el muchacho que hoy ve pasar el tiempo en el portal de su casa, sentado a lado de la abuela que lo crió. “Está desesperanzado dice ella: él sólo quería ser minero.

Con pocas opciones de vida en la región carbonífera del estado de Coahuila, los muchachos han visto a la minería como un laberinto sin salida al que hay que entrar pronto y las contrataciones más rápidas son en los “pocitos” que operan sin reglas. “Trampas mortales”, dicen los expertos.

Los pocitos son pequeñas minas para la extracción de carbón, a las que se llega por un tiro vertical con un diámetro de 1.5 metros y una profundidad que va de los 30 a los 100 metros, sin salidas de emergencia.

El sistema para transportar a los trabajadores al interior de la mina y para sacar el carbón, consiste en un tambo de 90 centímetros de diámetro por 1.20 de alto amarrado a un malacate tensado con motores de autos viejos.

Se usó en otros países hasta antes de la Segunda Guerra Mundial cuando se descontinuó porque el desperdicio de la veta de carbón es de hasta el 50%; sin embargo en México se sigue utilizado.

“El argumento fundamental de las autoridades para continuar la permisividad de esta forma de explotación es que genera empleos”, explica un informe de la asociación Familia Pasta de Conchos. “El problema es que son empleos mal pagados (alrededor de 60 dólares a la semana) y con mucho riesgo”.

Según cifras oficiales, de 2006 a la fecha han muerto 26 mineros que trabajaban en pocitos que previamente fueron sancionados por incumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

La Secretaria de Economía tiene identificados vía satélite 260 pocitos de carbón en el estado de Coahuila; pero se cree que hay muchos más, en riesgo permanente, sin supervisar (la Secretaría del Trabajo cuenta aquí con 0.8 inspectores por cada 100,000 mineros); operando con menores de edad como Fernando Lara – alrededor del 20% del total de la fuerza laboral- y sin seguro social.

Martín Curiel, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, de Ingresos y Servicios Conexos – que apoya a detractores del sindicato oficial- señala que la capacidad de movilidad de las estructuras que forman un pocito permite montarlos y desmontarlos o cerrarlos en unas cuantas horas, lejos del control de las autoridades.

En un recorrido por el municipio de Múzquiz se observan pocitos abandonados al borde de la carretera, abiertos a medio campo y sin ninguna protección. Los pobladores dicen que algunos niños han muerto al caer por las profundas excavaciones. En otros casos, el agujero en desuso queda justo a lado del nuevo.

Después de la explosión del Pocito Número 3 de Sabinas, donde Fernando Lara se quedó manco, el entonces secretario del Trabajo, reconoció ante diputados que la dependencia a su cargo desconocía la existencia de ese centro de trabajo porque tenía 18 días en operación.

No obstante, la Organización Familia Pasta de Conchos ha documentado que en el mismo terreno funcionaba el pocito desde años atrás.

La concesión del lote para la explotación de carbón del Pocito 3 fue otorgada por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a Alfonso González Garza y Jesús María Montemayor Seguy, padre del actual presidente municipal de Sabinas y hermano de Rogelio Montemayor, ex gobernador del Estado de Coahuila y ex funcionario de Petróleos Mexicanos, inhabilitado por mal manejo de recursos.

“El problema es que la riqueza de Coahuila está bajo la tierra y está en manos de dos o tres familias que son autoridad y gobierno al mismo tiempo y en contubernio controlan las minas y a los mineros, sin el respeto mínimo por el trabajador”, describe Cristina Auerbach, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) de la jesuita Pastoral Laboral Nacional.

A propósito de la muerte de Juan Ramón Flores, de 23 años, ocurrida en 2009 al interior del pocito ‘Ferber’, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la Secretaría del Trabajo no sancionó a la compañía por la inobservancia a las medidas de seguridad e higiene y aquellas destinadas a prevenir los riesgos de trabajo.

La misma situación ocurrió en la mina donde Fernando Lara quedó lisiado por ganar 60 dólares a la semana, el doble de lo que ahora recibe por pensión gracias a las protestas sociales tras el accidente: por ser menor de edad no estaba dado de alta ante las autoridades ni tenía seguro social.

Fernando ha tenido más suerte que otros mineros que no han sido indemnizados pero es feliz. Está inquieto porque quiere volver a trabajar, aunque la familia duda que encuentre empleo en la minería sin un brazo.

“La escuela no me gusta”, dice el chico mientras muerde el cuello de la larga playera que viste con una bermuda larga, los tenis desamarrados y una gorra que le controla el despeinado cabello.

Así mira pasar a otros jóvenes desde su patio. Van manchados de negro rumbo a múltiples pocitos de los que es difícil escapar en la región carbonífera de México si se es pobre.