Caso que sentó pautas judiciales
La demanda civil, presentada en el Tribunal Superior del Condado Alameda en Oakland, acusó a Lakireddy de "mano de obra esclava", "privación de libertad" e "inducción de angustia emocional", entre otras demandas
Última parte de la serie
Activistas antitráfico dijeron que las reformas legales que más adelante facilitaron los procesamientos de los involucrados coincidieron con una mayor conciencia pública del problema del tráfico de personas -transporte de personas para mano de obra por medio de la fuerza, el fraude o la coerción.
“Hasta 2000, nadie sabía qué era el tráfico de personas, qué significaba la expresión”, dijo Kavitha Sreeharsha, directora ejecutiva de Global Freedom, una organización sin fines de lucro recientemente creada que lucha contra el tráfico de personas en todo el mundo.
Sreeharsha, que ha estado en el frente de batalla de los derechos de las mujeres durante casi 20 años como abogada y activista, dijo que el caso del conocido propietario de Berkeley cambió la situación. “Galvanizó” a quienes ofrecían ayuda a las víctimas en el Área de la Bahía y en última instancia actuó como “la piedra fundamental para el movimiento antitráfico del estado”.
Pero cuando Michael Rubin, abogado de San Francisco, de la firma legal Altshuler Berzon LLP, presentó la demanda civil contra Lakireddy, no tuvo el beneficio de las leyes antitráfico del estado. Tampoco pudo aplicar ninguna de las disposiciones de la Ley de Protección de las Víctimas de Tráfico de Personas federal, la primera ley antitráfico del país promulgada en 2000.”Cuando presentamos la demanda civil, la ley federal no había establecido todavía la posibilidad de acción civil por parte de las víctimas de tráfico sexual y para mano de obra”, dijo Rubin.
La ley federal fortaleció sanciones penales para trabajo forzado, estableció que las víctimas recibieran apoyo social y legal y le dio a las víctimas el derecho a permanecer en EEUU si cooperaban con la aplicación de la ley. Pero eso era solamente para casos federales. Los fiscales de California esperarían otros cinco años para la ley antitráfico del estado.
Rubin tuvo que basar su caso en otras leyes.”Tuvimos que llevar adelanto a nuestra demanda de una manera muy creativa”, dijo Rubin. “Tuvimos que desarrollar nuevas teorías porque entonces no había estatutos antitráfico”.
La demanda civil, presentada en el Tribunal Superior del Condado Alameda en Oakland, acusó a Lakireddy de “mano de obra esclava”, “privación de libertad” e “inducción de angustia emocional”, entre otras demandas. Las alegaciones de la demanda civil Lakireddy también lo acusaron e haber violado a las mujeres con las que traficaba.
La queja también incluyó demandas de influencia mafiosa y organización corrupta, o RICO. La demanda presentada en nombre de nueve presuntas víctimas de Lakireddy, exigía hasta 100 millones de dólares por daños.En la demanda, Rubin acusó a los demandados de explotar la “juventud, temor, casta, pobreza, desconocimiento del sistema legal estadounidense, incapacidad de hablar inglés y la condición de inmigrantes” de las víctimas por el “placer personal” y “provecho ilícito” de los acusados.La demanda concluyó en un acuerdo por 8.9 millones de dólares en junio 2004.
Lakireddy Balireddy no actuaba solo para maltratar a las mujeres que traía a EEUU. Contaba con la ayuda de varios miembros de su familia, descubrieron los fiscales. Cinco miembros de la familia de Lakireddy también fueron implicados por la aplicación de ley en varios aspectos de sus actividades criminales. Sus hijos, Vijay Kumar Lakireddy y Prasad Lakireddy, fueron procesados en 2001 por cargos de violación y conspiración con sus padres durante más de una década para traficar mujeres y muchachas a EEUU para tener sexo con ellas, informó el San Francisco Chronicle. En un acuerdo con los fiscales, los cargos más graves fueron retirados y Vijay Kumar Lakireddy se declaró culpable de conspiración para fraude de inmigración. Lo condenaron a dos años en prisión y acordó someterse a tratamiento por drogas y pagar 40,000 dólares en multas. El hermano y la cuñada de Lakireddy Balireddy también fueron condenados por delitos relacionados. Más allá del caso penal, la demanda civil de Rubin también hizo que se presentaran otros muchos familiares como acusados.
La saga de tráfico de Lakireddy reveló elementos de feudalismo y castas que entraron en conflicto con las normas sociales y culturales estadounidenses. Esos factores hicieron que fuera complicado ocuparse de lo que los fiscales y abogados en EEUU consideraban como una operación de tráfico más amplia.
En Velvadam, una aldea agrícola de unos 8,000 habitantes en el estado de Andhra Pradesh en el sur de India, la enorme riqueza de Lakireddy, sus propiedades en Berkeley solamente tienen un valor estimado de 60 millones de dólares- y sus antiguos lazos con EEUU, le valieron respeto y temor.
Periodistas occidentales que viajaron a la aldea poco después de su arresto se sorprendieron al ver el alcance de su poder entre los habitantes locales. Minutos después de que los periodistas llegaron a la aldea, se colocaron carteles en las construcciones. Uno decía: “Lakireddy es nuestro Dios. Déjenlo tranquilo”. En otro se leía: “Lakireddy es inocente”.
Lakireddy utilizó la riqueza que heredó y que ganó para iniciar varios emprendimientos filantrópicos. A partir de mediados de la década de 1980, construyó dos escuelas primarias y una escuela secundaria en Velvadam. El vanguardista centro de educación terciaria en ingeniería Lakireddy Balireddy College of Engineering, inaugurado en 1998, le dio cierto prestigio a la vecina población de Mylavaram. También creó nuevas fuentes de agua potable. Los refugios para los autobuses llevan el nombre de Lakireddy.
Muchas de las muchachas que lo acusaron de explotar pertenecían a las comunidades de intocables, y sus padres ganaban apenas 1 dólar al día haciendo trabajos de baja categoría. La mayoría vivían en chozas con techo de paja de una sola habitación.
Los fiscales dijeron durante el caso penal en el Tribunal del Distrito de EEUU en Oakland, que Lakireddy convenció a los habitantes de la aldea que podían tener un estilo de vida estadounidense si le entregaban a sus hijas jóvenes. Muchos lo hicieron, incluyendo los padres de dos hermanas que habían vivido en el apartamento de Berkeley donde ocurrió el fatal escape de gas.
La hermana mayor de las muchachas ya se había casado cuando las dos hermanas menores fueron a vivir con Lakireddy. “No habríamos podido pagar la clase de dote que pagamos por nuestra hija mayor”, explicó la madre, Lakshmi Pratipatti, en una entrevista en Velvadam en 2000. Dijo que ella y su esposo creían que si enviaban a dos de las hijas a EEUU con Lakireddy se ahorrarían una fortuna.”Me entregaron a él cuando tenía nueve años”, dijo una mujer víctima de tráfico, que agregó: “El día que me entregaron, terminó mi niñez y empezó mi desgracia”.El caso Lakireddy puede haber llevado a la primera ley antitráfico, pero defensores de la reforma aseguran que las consecuencias a largo plazo que provocó son menos esperanzadoras. Las víctimas y los abogados dicen que el caso Lakireddy continúa persiguiendo a sus víctimas.Aunque el impulso aumenta para combatir el tráfico en el estado, las sobrevivientes no han podido encontrar la paz. Más de una década después de que la rescataran, una joven continúa necesitando píldoras para dormir que la ayuden a soportar los recuerdos.
Mientras tanto, Lakireddy Balireddy, ahora 75, camina libremente en su aldea, que visita dos veces al año, y continúa disfrutando la admiración de muchos de los que lo rodean, según su hermano, Lakireddy Hanimireddy, cardiólogo que vive en Merced.
“Tiene todo el respeto de la gente de Velvadam”, dijo el hermano. “Sus abrumadoras buenas acciones, y no sus malas acciones, son lo que le ganaron tanto respeto”.