Corte Suprema respalda a oficiales en LA

Washington, D.C. – ¿Más inmunidad para los oficiales de policía? Ese parece ser el resultado de un nuevo fallo de la Corte Suprema emitido esta semana, en el caso de una demanda en contra de dos agentes del alguacil de Los Ángeles, por allanamiento de una vivienda en 2003.

Por un voto de 6 contra 3, en el caso “Messerschmidt versus Millender”, el máximo tribunal reafirmó la inmunidad calificada de los oficiales, para ejecutar una orden de registro, en busca de armas y evidencia de actividad de pandillas, luego de que una víctima reportara la vivienda.

El caso originó controversia, debido a que los funcionarios no sólo no encontraron ninguna prueba para incriminar a Jerry Bowen, hijastro de la dueña de la propiedad (Augusta Millender), sino que además, se llevaron el arma obtenida legalmente por la mujer, de entonces 73 años.

Aunque la policía obtuvo una orden para ingresar a la vivienda, cortes locales estimaron que se violó la cuarta enmienda, porque parte del allanamiento no se justificaba como “causa probable”.

Este término se refiere a una creencia razonable que se ha cometido un crimen y que la persona afectada por el allanamiento, está ligada al crimen con el mismo grado de certeza.

“Un oficial sensato puede creer que la incautación de armas en la casa estaba justificada, aunque estas no estuvieran ligadas al miembro de la pandilla buscada”, explicó el Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en la opinión escrita por la mayoría.

Asimismo, el juez destacó el hecho de que los oficiales buscaran la aprobación de superiores para aprobar la orden y criticó a la Corte del Noveno Circuito por no darle crédito a este punto.

Mientras la jueza Elena Kagan entregó una opinión dividida concediendo ciertos argumentos a su colega Roberts, también reconoció la preocupación presentada en la opinión minoritaria de la Corte Suprema, escrita por la jueza Sonia Sotomayor.

La magistrada hispana indicó que la corte estaba descansando mucho en el testimonio de los oficiales e incluso aseguró que la decisión “alienta el descuidado trabajo policial”.

Asimismo, desestimó que funcionarios con un cargo superior, aprobaran la orden.

“Bajo el examen de la mayoría, cuatro errores implican un acierto”, escribió Sotomayor.

La decisión de la Corte Suprema en el caso “Malley versus Briggs”, de 1984, especificó que se le debe negar la inmunidad a los policías frente a este tipo de demandas, donde el proceso de aplicación de una orden de allanamiento, carece de indicios de una causa probable.

Organizaciones en pro de los derechos de inmigrantes, como CHIRLA, están preocupadas por las posibles repercusiones que la decisión del tribunal pueda acarrear para la población indocumentada.

“Este fallo puede abrir la puerta a un cuestionamiento amplio del derecho a la privacidad de un ciudadano en su propio hogar. Cuando no hay razón especifica para imputar con cargos a una persona que no es el blanco inicial de la investigación, nos hace pensar en la analogía con una red gigante, que ahora el alguacil tendría permiso de usar sin impunidad, caiga quien caiga dentro de ella”, explicó Jorge-Mario Cabrera, vocero de CHIRLA.

“En el caso de inmigrantes, nos preocupa que algunos de estos cateos puedan resultar en proceso de deportación para familias y personas inocentes pero que viven en el país sin documentos”, aseguró.

La oficina del sheriff Leroy Baca, ha sido objeto de diversas investigaciones. Una de ellas lo acusa de discriminación contra afroamericanos y latinos, donde se habría amedentrado a estos grupos para que no se mudaran a ciertos sectores del Valle de Antílope.

Organizaciones como ACLU y la Asociación Nacional del Rifle apoyaron la demanda de Millender, mientras el gobierno entregó su respaldo a los funcionarios de la oficina del alguacil de Los Ángeles.