La ley HB56 ‘debe ser anulada’
El senador Beasley, que promueve una medida en el Senado estatal para anular la HB56
WASHINGTON, D. C. (EFE).? El senador demócrata estatal de Alabama Billy Beasley afirmó ayer que la ley HB56 contra los inmigrantes indocumentados en el estado “no tiene remedio” y debe ser anulada, en vísperas de una audiencia ante un tribunal federal sobre los efectos de la medida.
“Simplemente no creo que necesitemos crear otro símbolo en Alabama que envíe el mensaje de que acá se trata a la gente de forma cruel. (La HB56) no tiene remedio y lo único que queda por hacer por el bien de la comunidad hispana es anularla”, dijo Beasley.
Si Alabama quiere dejar atrás su pasado de segregación racial lo mejor “es empujar hacia adelante” sin leyes que “perjudiquen a familias y niños, destruyan a la comunidad agrícola y los negocios”, agregó.
Beasley, que promueve una medida en el Senado estatal para anular la HB56, hizo esas declaraciones durante una conferencia telefónica con periodistas organizada por el grupo cívico Southern Poverty Law Center (SPLC, en inglés).
La legislación de Beasley tendrá que pasar primero por el comité judicial del Senado estatal la próxima semana, y requerirá el apoyo de al menos 18 senadores para que sea aprobada. Es una lucha cuesta arriba porque la legislatura estatal está en manos republicanas, reconoció.
El SPLC, que integra una coalición cívica que interpuso una demanda contra la HB56 el año pasado, participará este jueves en una audiencia del onceavo circuito de apelaciones en Atlanta, que tiene jurisdicción sobre casos federales que provienen de Alabama, Florida y Georgia.
El grupo divulgó un informe sobre el “clima xenofóbico” que ha creado la HB56 en Alabama donde, aseguró, la sola apariencia física o apellido latino convierte a cualquier inmigrante en “sospechoso”.
El informe busca presentar el “rostro humano” a la crisis creada por la HB56 y fue elaborado basado en las 5,200 llamadas que el SPLC recibió a través de una línea telefónica que estableció en septiembre pasado para documentar el impacto de la ley entre la comunidad latina.
Entre los ejemplos citados por SPLC en el documento figura el de una clínica que denegó tratamiento a una menor de edad, que posteriormente necesitó una operación de emergencia.
Mientras, una familia pasó 40 días sin agua potable por no tener en regla sus “papeles”, y una empleada doméstica que exigía el pago de su sueldo fue amenazada a punta de pistola por su jefe, quien aseguró que no tenía obligación de pagarle porque ella es indocumentada.
“Esta ley fue un guiño a los peores prejuicios que albergan algunos residentes. Si los legisladores no tienen voluntad de anular la HB56 a sabiendas del sufrimiento que han creado, podemos suponer que siempre fue su intención infligir este tipo de crueldad”, dijo la directora legal de SPLC, Mary Bauer.
La HB56, que también afronta una demanda del Gobierno federal, ha venido a agravar la situación económica en Alabama, que registra un déficit de más de 400 millones de dólares y una escasez de mano de obra, especialmente en el sector agrícola.
Un informe reciente del economista Samuel Addy, del Centro para la Investigación Empresarial y Económica de la Universidad de Alabama, indicó que la HB56 ocasiona pérdidas a las arcas del estado entre 56.7 millones de dólares y 264.5 millones de dólares por concepto de impuestos estatales.
Eso no incluye la pérdida de impuestos de venta locales por entre 20 millones de dólares y 93.1 millones de dólares, ni el costo de hacer cumplir la HB56 o defenderla ante los tribunales.
Así, la ley, impulsada por grupos que exigen mano dura contra la inmigración ilegal, ha tenido el efecto contrario: el éxodo de los indocumentados hacia estados colindantes ha dejado sin clientes o empleados a muchos negocios, y los estadounidenses no cubren los puestos de trabajo vacantes.