Multan a restaurante por explotar a empleados
El fiscal general, Eric Schneiderman. Crédito: AP
Nueva York.- Un restaurante y nightclub de Manhattan deberá pagar $200,000 en multas por explotar a sus empleados y por despedir a aquellos que protestaron ante las irregulares prácticas laborales del establecimiento, según anunció ayer la oficina del fiscal general, Eric Schneiderman.
La investigación reveló que el restaurante Veranda, situado en el número 130 de la Séptima Avenida, no pagaba a muchos de sus empleados ni el salario mínimo ni las horas extra, además de distribuir ilegalmente parte de las propinas directamente al manager.
Se descubrió asimismo que Veranda despidió a dos de sus empleados poco después de que participasen en una queja general enviada a la organización sin ánimo de lucro Make the Road New York por las prácticas irregulares del restaurante.
“Tomar represalias para mantener a los empleados en silencio va contra las leyes básicas que protegen al trabajador”, dijo el fiscal general Schneiderman.
“Mi oficina perseguirá de forma agresiva a aquellos que despidan a trabajadores que luchen por sus derechos, especialmente durante estos tiempos tan duros en la economía, cuando muchos de ellos tienen ya miedo de perder sus trabajos”, agregó.
Tomar represalias contra trabajadores que reportan irregularidades en el lugar de trabajo es ilegal. La ley de prevención de hurto de salarios (Wage Theft Prevention Act), efectiva desde abril del año pasado, creó provisiones adicionales para los empleados que hubiesen experimentado represalias, con indemnizaciones de hasta $10,000 por cada caso individual.
Veranda tendrá que pagar $150,000 en restituciones a empleados que cobraron por debajo del salario mínimo y que no recibieron pago por horas extra como recoge la ley, además de otros $50,000 por daños y perjuicios a los trabajadores que despidió ilegalmente.
“Nunca creí que Veranda me fuese a pagar lo que me debía de salario”, dijo Isidro, uno de los trabajadores del restaurante que fue despedido por protestar. “Y menos que fueran a culpabilizarles por tomar represalias contra mí después de que luchara por que se respetaran mis derechos”.
El caso llegó a la oficina del fiscal general a través de Make the Road New York, grupo especializado en promover la justicia social y defender los derechos de los trabajadores neoyorquinos con menos ingresos.
