Justicia arremete contra ley de Arizona

El Departamento de Justicia presentó un dossier de más de 50 páginas para explicar la inconstitucionalidad de dicha ley migratoria.

Justicia arremete contra ley de Arizona
La Gobernadora de Arizona y el Presidente Obama se han enfrascado en una batalla constitucional sobre la ley SB 1070
Foto: AP / Archivo

WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia presentó ayer sus argumentos en contra de la ley SB1070 en la Corte Suprema. En abril, el tribunal realizará las audiencias orales para examinar la medida.

En el documento de 56 páginas, el gobierno cuestiona las secciones 3, 5, 2 y 6 de la legislación. Éstas convierten en un crimen estatal el estatus migratorio de indocumentado, así como buscar empleo sin papeles.

Asimismo, requiere que los policías locales verifiquen la ciudadanía de personas arrestadas o detenidas, sin importar las prioridades federales y autoriza arrestos de extranjeros que se piense, pueden ser deportados, sin una orden judicial previa.

“Bajo la Constitución el gobierno federal tiene plena autoridad de admitir extranjeros en el país, prescribir los términos bajo los cuáles se pueden quedar y si es necesario, deportarlos. Debido a que esas decisiones involucran a ciudadanos de otros países requieren de una consideración importante y delicada”, dice el documento.

“En S.B.1070 Arizona busca interponer sus propios juicios. El estado ha adoptado su propia política de inmigración, que se enfoca solamente en el máximo control de seguridad y no presta ninguna atención a los criterios multifacéticos que La Ley de Inmigración da al poder ejecutivo”, agrega.

La gobernadora de aquél estado, Jan Brewer, ha insistido en que apoyó esa legislación ante lo que, según ella, ha sido un descuido de parte de varias administraciones federales sobre el tema migratorio y que sufren los ciudadanos de estados fronterizos como el suyo.

Sin embargo, de acuerdo a cifras de los anuarios estadísticos del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security), el Gobierno Federal deportó a casi un millón de indocumentados de nacionalidad mexicana entre 2009 y 2010. Lo que representa un registro máximo en este rubro.