Un acuerdo bipartidista, pero…

El JOBS Act firmado ayer por el presidente Obama es una rareza en Washington donde los acuerdos bipartidistas no abundan. Pero el logro de esta ley no significa que hay un nuevo espíritu negociador en la Cámara Baja.

La ley –que es parte de la estrategia integral de la Casa Blanca para generar empleos-básicamente ayuda a las pequeñas y medianas empresas que no superan los mil millones de dólares anuales en ingresos a obtener capital, facilitando el acceso a realizar una oferta pública de acciones. También les permite recaudar fondos de múltiples fuentes y anunciar con publicidad directa las oportunidades de inversión.

Esto último es un punto importante porque la falta de acceso a capital limita el crecimiento de la pequeña empresa, e impide la generación de empleos.

El propósito de la ley de ayudar a las “compañías con un crecimiento emergente” es excelente. La posibilidad de invertir en una empresa creciente para desarrollar su potencial es clave para una economía vibrante.

Sin embargo, es muy preocupante que para lograr estos objetivos se sacrifiquen protecciones al consumidor. Por ejemplo, la ley permite que las empresas que deseen hacer oferta pública pospongan por varios años la presentación de documentos de solidez.

Es cierto que el riesgo es una parte normal de la inversión, pero no lo debe ser el fraude. Hace unos años, millones de estadounidenses perdieron sus ahorros por manipulaciones financieras y hasta el día de hoy hay gente que se aprovecha del inversionista con poco conocimiento. Por eso entre los opositores a la ley están los defensores del consumidor, el AARP que agrupa a los retirados y el SEC que está a cargo de regular a Wall Street.

La Casa Blanca dice que la protección del inversionista la hará a través de la vigilancia de agencias federales y al redactar la regulación. Esto no es una garantía. Como tampoco es garantía que los controles permanezcan bajo un gobierno desregulador como el que tendríamos si llegara a ganar un republicano en noviembre.

El JOBS Act trae beneficios políticos para todos. Para el Presidente que busca el respaldo del sector empresarial; para los republicanos del Congreso, que ahora podrán mencionar una ley bipartidista cuando se les acuse de obstruccionistas, y para los negocios que conseguirán capital.

Ahora, ¿por qué todo esto tiene que ser a costa de la transparencia financiera? ¿Será que no aprendimos la lección de 2008 y de tantos fraudes ocurridos?

Impremedia/La Opinión