Monja acusada de robar niños en España, se negó a declarar

Madrid (EFE).- El caso del robo de cientos de recién nacidos en España durante el franquismo y los primeros años de la democracia dio hoy un paso adelante con la comparecencia ante un juez del primer imputado, una monja de 80 años, y el anuncio del Gobierno de que hará un censo de posibles bebés sustraídos.

Las denuncias de robos de niños para su posterior entrega a otras familias, en muchos casos previo pago y que ocurrieron sobre todo entre 1950 y 1990, son investigadas por las fiscalías de distintas provincias españolas y han generado una gran conmoción en España.

María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, imputada por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, compareció hoy ante el juez instructor Adolfo Carretero, pero se negó a declarar.

Sor María, que vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada en este procedimiento, abierto a raíz de la denuncia de María Luisa Torres, que asegura que la monja le arrebató a la hija que tuvo en 1982 en una clínica de Madrid.

Tras la comparecencia, rodeada de una gran expectación, el juez acordó mantener la imputación y continuar la investigación y mañana, viernes, tomará declaración como testigos a los padres adoptivos de Pilar, la supuesta “niña robada” por la religiosa.

La monja, con el hábito de las hermanas de la Caridad, salió de los juzgados escoltada por varios policías y guardias de seguridad, sin hacer declaraciones a los periodistas, y abandonó el lugar en un Mercedes Benz todoterreno con los cristales tintados, tratando de escapar de los numerosos fotógrafos y cámaras que esperaban su salida.

Algunos afectados en la causa, concentrados a la puerta de los juzgados, expresaron su malestar por la protección policial concedida a la religiosa- “¿Quién estaba allí cuando nos estaban robando y vendiendo como perros?”, les increpaban.

La monja, que aparece mencionada en decenas de casos de madres que aseguran que sus hijos recién nacidos les fueron arrebatados y “vendidos” en adopción, trabajaba como asistente social en la clínica madrileña Santa Cristina cuando, según María Luisa Torres, ocurrieron los hechos.

Torres aseguró ante el juez que la monja le quitó a su bebé por “adúltera”, ya que el padre no era su marido, tras haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

La comparecencia sor María coincidió con la reunión mantenida hoy por representantes de los afectados con varios ministros y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras la cual el Gobierno se comprometió a crear un censo de posibles “niños robados”.

El Ejecutivo, que aseguró que con estas medidas quiere “concretar la dimensión real del problema”, también desarrollará un grupo de trabajo interministerial, en el que participará también la Fiscalía General del Estado.

Los afectados completarán una ficha con su identidad, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, que se incorporará a un archivo.

Los datos relativos al nacimiento o parto se contrastarán, previo consentimiento, con los que constan en el historial clínico u otros documentos de los hospitales.

El Ministerio de Justicia asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años.

El fiscal general del Estado aseguró que dará “prioridad absoluta” a la causa de los “niños robados”.

El caso saltó a la opinión pública en 2008 tras la aprobación de la ley para la recuperación de la Memoria Histórica, con los niños que fueron arrebatados a familias republicanas para ser educados por familias afectas al franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y los primeros años del franquismo (1939-75).

A estos casos se fueron sumando cientos de denuncias de desapariciones que se extienden hasta 1990.