“Talibán boricua” llama la atención del Supremo
José Padilla asegura que sus derechos fueron violados por oficiales del gobierno y pide que atiendan su demanda.
Estela Lebron, la mamá de José Padilla, habla con el abogado Andrew Patel. Crédito: AP Photo / J. Pat Carter
Columbia – José Padilla, el hombre de origen puertorriqueño que lleva años tras las rejas por ser catalogado como “enemigo combatiente”, le pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. que retome la demanda que presentó contra el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y otros oficiales del gobierno, por supuestamente torturarlo en una prisión militar en Carolina del Sur.
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos representa a José Padilla, conocido como el “Talibán boricua”, en un caso de apelación a la decisión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que el pasado enero falló que es el Congreso, y no las cortes, el que tiene jurisdicción sobre los casos de militares detenidos.
El panel de Apelaciones también determinó que la rama Judicial debe dejar que los casos como el de Padilla sean vistos por el Congreso y el Poder Ejecutivo, debido a que un proceso judicial podría comprometer las operaciones militares y asuntos de seguridad nacional.
Padilla argumenta que tiene derecho de demandar a Rumsfeld, el actual secretario de Defensa, Leon Panetta, y la excomandante Catherine T. Hanft, además de otros oficiales, porque el gobierno le privó del derecho de buscar ser tratado de manera diferente, incluso bajo los códigos militares.
Los abogados de Padilla aseguran que Rumsfeld y sus subordinados crearon el estatus de “enemigo combatiente”, y terminaron usando supuestas protecciones constitucionales, para aprobar la tortura durante los interrogatorios de Padilla y otros prisioneros.
Abogados de Rumsfeld y Handf no respondieron de inmediato a las llamadas para conocer sus opiniones sobre esta reciente petición del detenido, que fue introducida hoy en la Corte Suprema.
Padilla, un ciudadano estadounidense, demandó por la forma en que fue tratado en el 2007, alegando que fue detenido inconstitucionalmente y torturado en una prisión de la Marina en Charleston luego de su arresto en el 2002, como sospechoso de colaborar en la construcción de una bomba radioactiva.
Oficiales del gobierno lo catalogaron como un “enemigo combatiente” y lo transfirieron de una cárcel civil a la prisión militar en Charleston, en la cual los guardias usaban tácticas de interrogatorios similares a las usadas en la prisión de la Base Naval de Guantánamo en Cuba.
