Florida espera que anulen ley de Arizona

Miami.- Grupos pro derechos de los inmigrantes del sur del Florida esperan que el Tribunal Supremo de EE.UU. declare inconstitucional la controvertida ley SB1070 de Arizona, al tiempo que solicitaron eliminar el programa Comunidades Seguras alegando que sus impactos son similares a ese marco legal.

“Esperamos que los jueces fallen que es una ley anticonstitucional porque realmente el impacto será aplicar el perfil racial contra los hispanos y todos aquellos que no sean blancos”, dijo hoy a Efe el director ejecutivo de “We Count!”, Jonathan Fried.

La SB1070 convierte en delito penal, por primera vez, la presencia de indocumentados en un estado y el máximo tribunal del país escuchó hoy los argumentos de las autoridades de Arizona y del Gobierno federal. Se espera que emita su decisión en junio próximo.

La administración del presidente Barack Obama aduce que la ley viola la Constitución porque con ella el estado de Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

“La ley, además, le confiere un poder a la policía que no debe tener como es arrestar a las personas por su estatus migratorio, una acción policial que a su vez dejará vulnerable a toda la comunidad porque temerá a las autoridades”, subrayó Fried.

El activista de Homestead, en el condado de Miami-Dade, dijo que así como los grupos pro inmigrantes alaban al Gobierno federal por demandar a Arizona, también lo denuncian por implementar el programa “mal llamado Comunidades Seguras”.

Mediante esa iniciativa se han deportado 3.012 personas de Miami-Dade desde el 24 de febrero de 2009, cuando se implementó en este condado, hasta finales de febrero de 2012, informó citando estadísticas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Nosotros consideramos que eso tiene un impacto bien nocivo para la comunidad porque la mayoría de las personas identificadas y deportadas a través de ese programa no tenían antecedentes penales o había sido condenadas por delitos menores”, expresó a Efe.

Puntualizó que según las cifras del ICE, más del 51 por ciento de los deportados en el condado no tenía antecedentes criminales y más del 25 por ciento fueron sentenciadas por cargos menores.

Comunidades Seguras permite a las autoridades verificar los antecedentes migratorios y delictivos de los extranjeros que son detenidos.

Con el uso de un sistema de tecnología biométrica compartida, las agencias policiales locales ayudan a los agentes de Inmigración a identificar a los extranjeros, que estén legalmente o no en Estados Unidos, cuando se encuentran bajo custodia de las autoridades.

El programa es una iniciativa de los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ).

Las deportaciones de personas sin antecedentes penales tienen un “gran impacto para las familias porque los hijos se quedan sin un padre o una madre, además de crear comunidades inseguras”, dijo Fried.

Kathy Bird, integrante de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), afirmó que el programa es similar a la ley SB1070 porque “ambos criminalizan a todo un sector de nuestra población”.

“La Corte Suprema debe revocar la SB1070 y el Gobierno federal debe dejar de replicarla con sus propios programas de deportación”, sugirió.

We Count! y FLIC junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Miami y Estudiantes Trabajando por la Igualdad de Derechos (SWER), entre otros grupos, también anunciaron una campaña para que se establezca un control local de las peticiones de detención del ICE.

“Comunidades Seguras funciona a través de ese mecanismo- cuando a ICE les envían las huellas digitales de un detenido y considera que se puede deportar solicita la detención. Es una solicitud, no una orden, y Miami-Dade puede crear su propia política de cómo tratar a esas personas”, apuntó Fried.

El activista aseveró que el director del Departamento de Prisiones del condado en una reciente reunión con la junta de Relaciones Comunitarias de Miami-Dade reveló que “están entregando un promedio de entre 250 a 300 personas cada mes al ICE”.

“Y él mismo informó que a la mayoría se les acusaba de delitos menores”, agregó.

De allí que las organizaciones pedirán a los Comisionados de Miami-Dade que adopten nuevas políticas sobre ese asunto.