Apoyo a política de decomisos de autos del LAPD

Al realizar un análisis legal de la nueva política de decomiso de autos que estableció el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la procuradora estatal Kamala Harris respaldó dicha medida, la cual permite que una persona pueda recuperar su vehículo el mismo día que se lo incautan por no tener licencia y no tener que esperar 30 días.

Sin embargo, el fiscal de distrito, Steve Cooley, reiteró su oposición legal a la orden del jefe del LAPD, Charlie Beck, ya que considera que se contrapone con las leyes estatales y que podría poner en riesgo la seguridad y la finanzas públicas.

Una carta enviada por el fiscal Cooley al jefe Beck el 28 de febrero, establece que la nueva política de decomiso de autos representaría un conflicto con el Código de Vehículos de California y que podría generar responsabilidad civil para la corporación.

No obstante, la revisión que hizo la Procuraduría del Estado no encuentra tal conflicto con la ley estatal y concluye que un departamento de policía tiene la facultad para establecer directrices que permitan que un vehículo pueda ser entregado en menos de 30 días.

La conclusión de la procuradora Harris cita las secciones 22651 y 14602.6 (a)(1) del Código de Vehículos de California, donde se establece esa discrecionalidad de las corporaciones.

La Fiscalía de Distrito argumenta en su postura que los términos utilizados en la ley estatal indican una obligatoriedad para el decomiso de autos y no una discrecionalidad.

La nueva política del LAPD entró en vigor el pasado 22 de abril, a pesar de que el sindicato de policías, mejor conocido como Liga Protectora de Policías de Los Ángeles (LAPPL), interpuso una demanda con el propósito de frenarla.

Eric Rose, vocero del LAPPL, indicó que al existir opiniones legales contrapuestas, la decisión final tendrá que darse en los tribunales.

“La procuradora Harris tiene su opinión, el fiscal de distrito Cooley tiene la suya, entonces será la corte la que tendrá que decidir en este asunto”, mencionó Rose, quien además de vocero del LAPPL es director ejecutivo de la compañía de grúas OPG (Official Police Garages), la cual tiene la concesión para el arrastre y resguardo de automóviles decomisados.

La política de tener que esperar 30 días para poder recuperar el vehículo, representa grandes ganancias para las compañías de grúas y corralones, y un fuerte golpe al bolsillo del automovilista, que la mayoría de las veces prefiere perder su propiedad.

Ron Góchez, director de la Coalición de Inmigración del Sur de California, la cual ha estado al frente de esta batalla por un freno al decomiso prolongado de autos; aplaudió la resolución de la procuradora Harris.

Sin embargo, recalcó, la solución al problema está en ofrecer licencias de manejo a los indocumentados.

“Esta política del LAPD es legal porque esta claramente escrito en la ley, porque los policías están utilizando la discreción que les otorga la ley”, comentó Góchez. “Pero nosotros seguimos luchando y vamos a utilizar este cambio como base legal para conseguir licencias para todos”.

Consideró que la opinión legal de la Procuraduría del Estado deja un precedente para que otras ciudades de California adopten políticas de incautación de autos similares a las que se aplican en San Francisco, Oakland, San José, y ahora en Los Ángeles.

En las ciudades donde ya se tenía esa política de liberar el auto sin tener que esperar los 30 días, aseguró Góchez, no se ha registrado ningún problema legal ni responsabilidad civil para los agentes policíacos.

La nueva política del LAPD, aclaró, sólo está sujeta a la ciudad de Los Ángeles, por lo que si alguien que trabaja en Santa Mónica, y tiene que cruzar tres o cuatro ciudades para llegar a su destino, pudiera verse afectado por otras corporaciones policíacas que le pudieran confiscar su vehículo por no tener licencia de conducir.