Elevan su voz contra las repatriaciones

Molestos con el proceso de revisión, grupos proinmigrantes inician protestas en varias ciudades del país

Grupos proinmigrantes aseguran que se cansaron de hablar,  advirtieron que se verán más actos de desobediencia civil.

Grupos proinmigrantes aseguran que se cansaron de hablar, advirtieron que se verán más actos de desobediencia civil. Crédito: Antonieta Cádiz / La Opinión

WASHINGTON, D.C.- La tónica ha cambiado. Grupos proinmigrantes iniciaron manifestaciones ayer para oponerse a los resultados en la revisión extraordinaria de deportaciones pendientes, ejecutada por el Gobierno.

Se acabaron las reuniones y palabras de paciencia y comprensión. Organizaciones locales en ciudades como Chicago, Nueva York, Boston, San Francisco, Texas y Washington D.C., salieron a las calles, para entregar un mensaje fuerte.

“Nos cansamos de conversar. La Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ha fallado en proteger a nuestras familias. Esto es sólo el comienzo. Habrá más protestas, desobediencia civil, porque no nos vamos a quedar en silencio”, aseguró a La Opinión el director ejecutivo de Casa de Maryland, Gustavo Torres.

En agosto del año pasado, el gobierno anunció la revisión de 300 mil casos de deportaciones pendientes. Esto siguió a una nueva política de discreción procesal, donde se aseguró que las personas que no han cometido delitos y con raíces fuertes en el país, no serían una prioridad para la expulsión del país.

A finales de abril, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entregó nuevas cifras de la revisión extraordinaria de deportaciones. Ahí mostró que sólo un 1.2% de los 219,554 casos examinados, habían recibido un cierre administrativo, es decir que no serán deportados y pueden permanecer en el país, sin estatus migratorio por un periodo de entre 1 o 2 años.

Además, la agencia especificó que un 7.5%, es decir 16,544, podrían acceder a esta garantía.

Del total de casos inspeccionados, 179,518 involucraron a personas no detenidas y de ellas, 16,518 (9%) podrían -potencialmente- quedarse en el país. Unos 40,036 expedientes revisados correspondieron a individuos detenidos y de ellos, sólo 26 (1%) serían elegibles para permanecer en Estados Unidos.

Pero, los resultados han molestado a activistas y organizaciones proinmigrantes. “Hemos conversado con ellos. La semana pasada nos reunimos con el Procurador General (Eric Holder) y nos dicen que es un proceso lento, que están avanzando. Esto ya se está terminando y sólo han salvado a un poco más del 1%, es una vergüenza”, enfatizó Torres.

“Durante los últimos tres años, ICE ha cambiado dramáticamente la forma en que ejecuta el control de inmigración. La agencia implementó prioridades claras para dar discreción procesal. Las nuevas políticas han generado resultados. En el año fiscal 2011, ICE deportó 216,698 criminales extranjeros. Un aumento de 89%, en comparación con la deportación de personas con antecedentes delictivos en 2008. Cerca del 90% de todas las deportaciones en este periodo calificaron dentro de una de las prioridades de control de inmigración de ICE”, explicó Bárbara González, vocera de la agencia. Pero más allá de los números, organizaciones como Casa de Maryland, CHIRLA o America’s Voice, se han dedicado a mostrar a través de casos, que la política del gobierno sobre deportaciones, tiene fronteras porozas.

Juan Félix Chagala, 17 años, es uno de los testimonios que organizaciones han expuesto a la luz pública. Este joven, estudiante de secundaria, llegó a Estados Unidos a los 14 años, no tiene antecedentes penales, pero está enfrentando un proceso de deportación. “Yo creo que tengo derecho a quedarme. No soy un criminal. El Presidente lo prometió”, aseguró.

Elmer Zedillo es otro de los que está aguardando una respuesta del gobierno. Este hombre quiere quedarse, para cuidar a su hija, ciudadana estadounidense de cuatro meses, que nació con problemas en el hígado. “Necesito una decisión favorable, sigo esperando y nada ha pasado”, explicó.

Ahora, un poco menos de 80 mil casos restan al gobierno, para terminar la revisión extraordinaria de deportaciones. La meta inicial puesta por la Administración fue concluir el proceso, este verano.

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