Acusan a bancos de financiar prisiones
Activistas migratorios y firmas privadas se han enfrascado en seria disputa política
Una de las sucursales bancarias de Wells Fargo, en Los Ángeles. Crédito: J. Emilio Flores / La Opinión
WASHINGTON, D. C.- “Esto es prisiones Fargo”, gritaban ayer, cientos de activistas, al tomarse las oficinas de Wells Fargo, en la capital del país. Grupos de derechos civiles exigieron a la compañía y a JP Morgan retirar apoyo financiero, además de su respaldo político, a leyes como HB56 de Alabama. La corporación negó las acusaciones.
Cerca de las 11:00 de la mañana, 10 buses repletos, se aproximaron a las oficinas de Wells Fargo, ubicadas tan sólo a dos cuadras de la Casa Blanca. En minutos, el local estaba repleto de pancartas y gritos.
Liderados por National People Action y National Domestic Workers Alliance, los dirigentes acusaron al gigante bancario de financiar prisiones de inmigrantes. “Inviertan en trabajos, no en cárceles”, vitoreaban.
De acuerdo a documentos entregados por las organizaciones, Wells Fargo controla 3.59 millones de acciones de GEO Group. Asimismo, insistieron en que la compañía posee 33 mil acciones de Corrections Corporation of America. Ambas cifras fueron obtenidas de Securities Exchange Commission.
“Estas instituciones son parte del círculo vicioso que cabildea para mantener quebrados nuestros sistemas de inmigración y justicia”, especificó la misiva entregada a Wells Fargo.
Abel Pacheco, un salvadoreño, cuya hija de 11 años, permaneció arrestada en una cárcel de inmigración, participó en la marcha. “No es justo. Los abogados nos dicen que no tenemos cómo recuperar a nuestra hija. Hemos sufrido mucho. Una niña no merece pasar por esto”, enfatizó.
“No creemos que quieran ser asociados con esta industria anti latina y antiinmigrante y es tiempo de que se den cuenta de esto”, agregó la carta.
Consultados por La Opinión, Wells Fargo aseguró que no poseen las acciones mencionadas. “Tenemos cero propiedad en GEO Group o Corrections Corporation of America. No poseemos un asiento en su junta de directores y no dictamos sus políticas o modelo de negocios […] Es desafortunado que grupos que son apasionados por ciertas causas nos hagan parecer algo que no somos, para avanzar su agenda política y social”, aseguró el vocero de Wells Fargo, Michael Mccoy.
National People Action y National Domestic Workers Alliance insistieron también en que el Comité de Acción Política (PAC) integrado por empleados de la compañía, apoya a políticos con posiciones que calificaron como “antiinmigrantes”. Como ejemplo, pusieron al senador Joe Manchin (D-WV), quien no votó cuando la “Ley del Sueño” fue puesta en el pleno del senado.
No obstante, de acuerdo a los datos recopilados por la base de datos, Open Secrets, sobre donaciones del PAC en el ciclo 2012, hasta el momento se ha entregado 59,500 dólares a senadores demócratas y 32,500 a republicanos. En la lista de la coalición liberal figuran legisladores que han apoyado propuestas migratorias como la “Ley del Sueño”.
Los activistas demandaron una reunión con el director ejecutivo de Wells Fargo, John Stumpf, además de una posición firme de la compañía, frente a leyes como HB56 en Alabama. El banco respondió a través de una declaración que “no toma posiciones en legislación, que no involucre directamente su habilidad de proveer servicios bancarios a sus clientes”.
Quienes sí tomaron una posición en contra de la ley estatal fue la organización Human Rights Watch, que ayer pidió al gobernador Robert Bentley, la total derogación de la medida. “La ley vulnera el derecho a la igualdad de protección conforme a la ley y las propuestas de reforma no consiguen remediar sus falencias más fundamentales”, indicó el organismo.
La semana pasada Bentley promulgó una nueva iniciativa con cambios menores a HB56, pero diversas organizaciones de derechos civiles lo consideran insuficiente.
