Haciendo negocio

En los últimos cuatro años el gobierno de Estados Unidos ha encerrado a un millón de inmigrantes en peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes.

La Corrections Corporation of América (CCA) que tiene su sede en Nashville, Tennessee, y Geo Group (GEO) asentada en Boca de Ratón, Florida, son las dos más grandes corporaciones que diseñan, construyen, gestionan y operan prisiones en Estados Unidos.

Este impulso hacia la privatización de las prisiones comenzó en 1990 con la CCA y su primer contrato con el gobierno federal para administrar a los detenidos de inmigración. Desde entonces el negocio del encarcelamiento de inmigrante ha crecido substancialmente. Hoy, por ejemplo, cualquier persona cogida por el ICE en Los Ángeles se envía a una instalación CCA en San Diego, mientras lo capturados por ICE en Seattle o Portland, Oregón, se envían a una instalación GEO en Tacoma.

CCA y GEO pertenecen a las instituciones más importantes de Wall Street que se benefician del negocio de encarcelar inmigrantes. El inversor más potente del CCA es el fondo de cobertura Pershing Square, Wells Fargo el inversor más potente de GEO. Otros inversores importantes son Vanguard, Lazard, Scopia, Wellington Management, FMR (Fidelity) y Bank of America.

CCA y GEO son también las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos contra el inmigrante.

CCA y GEO comenzaron a sacar provecho del encarcelamiento de inmigrantes aprehendidos por ICE, después que la administración Bush cambiara en 2006 el cargo de delito menor con pena de prisión corta, por trabajar sin un número de Seguridad Social apropiado, a una violación tipificada como “crimen”, con una sentencia de prisión larga.

La “represión rápida” de diciembre de 2006 marcó también un cambio en la aplicación de la ley de inmigración de 1995 por parte del gobierno federal, cuando fueron detenidos más de mil trabajadores, hombres y mujeres, de las plantas industriales de comida cárnica en varios estados. Por primera vez, muchos de estos detenidos fueron sentenciados por “crímenes” a largas penas de prisión

Poco tiempo después que la administración Bush ejecutara estos cambios en la aplicación de ley que afecta a los inmigrantes, los consejeros de Wall Street recomendaron al público comprar acciones de compañías de prisiones privadas como CCA y GEO.

A mediados de 2007 los accionistas de GEO y CCA cosecharon beneficios enormes. Emitieron acciones 2 x 1 que prácticamente doblaron el valor de la participación de sus accionistas en las dos compañías.

Aunque los accionistas fueron generosamente beneficiados con aumentos de ingresos por contratos de prisión para ambas compañías, el incremento no fue suficiente para satisfacer la ambición de algunos de sus accionistas más importantes.

CCA y otras compañías privadas de prisiones consideraron que el gran problema sin resolver de la inmigración indocumentada (unos 12 millones de personas) constituía un inmenso potencial para seguir aumentando la cantidad de camas que administran en los centros de detención federales. Pero el gobierno federal no había sido tan agresivo en la captura de potenciales detenidos como habrían deseado

En su informe de 2007 a la Comisión de Seguridad y Cambio, CCA reconoció: “Dependemos de asignaciones gubernamentales? La demanda de nuestras instalaciones y servicios podría verse afectada negativamente por la reducción de los esfuerzos de vigilancia y control o a través de la ‘descriminalización’ de ciertas actividades que son actualmente proscritas por nuestro derecho penal”.

Por lo tanto, grupos de Estados, incluido Arizona, recurrieron a ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense), para producir una ley que permita que los gobiernos estatales y locales también participen en el logro del negocio de los inmigrantes indocumentados.

El resultado de este cambio de foco del negocio está ejemplificado en la ley SB 1070 de Arizona. Esta nueva ley, que se ha aprobado en cinco Estados, contiene numerosas provisiones para permitir que los servicios estatales y locales de mantenimiento del orden usurpen la autoridad federal y se ocupen de detener inmigrantes.Las industrias de las prisiones privadas estuvieron muy involucradas en el logro de que esta ley fuera aprobada en Arizona y otros Estados y ofrecieron su dinero para cabildeo a fin de ver si sería posible expandir este mercado para obtener más negocio y maximizar los beneficios de sus accionistas

¿Cómo poner fin a este negocio? Presionando al Congreso para obligarles a abandonar las políticas que criminalizan a inmigrantes. Sin embargo, no es probable que eso ocurra pronto, señala Peter Cervantes-Gautschi en Social Policy, bajo el título “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al inmigrante”.

Esta probable vacilación para que actúe el Congreso no se debe simplemente a las generosas contribuciones de campaña que reciben senadores y congresistas de la industria privada de la prisión. La mayoría de los miembros del Congreso tienen inversiones personales en CCA y son accionistas importantes de GEO.

Así que, obligar al Congreso a abandonar las políticas de criminalización de inmigrantes probablemente va a requerir, entre otras cosas, indica Cervantes-Gautschi, “que convenzamos combinadamente a nuestros fondos de jubilación, Wells Fargo y uno o dos fondos de cobertura para que salgan de la industria privada de la prisión y se vayan a hacer dinero a otra parte”.