Senado retiene fondos para México por derechos humanos
Legisladores estadounidenses decidieron retener un 15% de la asistencia financiera anual entregada por EEEUU a ese país.
Hay cerca de 50000 militares en las zonas más afectadas por la lucha que libran los carteles de las drogas. Crédito: EFE
WASHINGTON, D.C.- El comité de apropiaciones del Senado votó hoy el proyecto de ley para el financiamiento de operaciones en el exterior. Ahí, retuvo el 15% de los fondos en la asistencia prestada al gobierno mexicano, a través de la Iniciativa Mérida, por temas asociados a derechos humanos.
“El comité permanece preocupado con la impunidad del Ejército Mexicano y las fuerzas policiales, por violaciones a los derechos humanos”, detalló el reporte elaborado por el comité.
Asimismo, especificó que esta restricción será eliminada si la secretaria de Estado reporta por escrito al comité que el gobierno de México cumple con ciertas condiciones, como reformar su sistema de justicia militar, atenerse a las prohibiciones contra la tortura y transferir detenidos a la custodia de autoridades civiles.
De acuerdo al marco de la Iniciativa Mérida, un 15% de la asistencia financiera anual entregada por Estados Unidos, depende de los progresos en el área de derechos humanos en México.
La retención del año fiscal 2011 -cerca de $18 millones-, aún está pendiente, hasta que el Departamento de Estado no emita su informe al respecto.
El gobierno de Estados Unidos ha destinado $1,600 millones para la Iniciativa Mérida desde 2007. En septiembre de 2010, el Departamento de Estado condicionó $26 millones a dos factores: la implementación de reformas de derechos humanos a la Constitución y una nueva legislación para el código militar de justicia. Tras esto, el gobierno mexicano impulsó cambios en ambos sectores.
El nuevo reporte del comité de apropiaciones especificó un monto total de $244 millones en asistencia a México, en el año fiscal 2013. Incluidos $45 millones para desarrollo de actividades económicas en la frontera y $199 millones para reformar instituciones nacionales, estatales, locales y judiciales y fuerzas de seguridad en su cooperación en el combate contra el crimen organizado.
