Votan contra el procurador Eric Holder

WASHINGTON, D.C.- El Procurador General, Eric Holder, está un paso más cerca de ser juzgado por los tribunales. Tras una jornada extenuante, el comité de supervisión de la Cámara de Representantes, entregó ayer un voto partidista relacionado con el caso “Rápido y Furioso”. Ahora, todo está en manos del liderazgo republicano.

Por un voto de 23 contra 17, el comité favoreció la polémica decisión. Esta es la primera vez que se ejecuta una medida similar, contra una figura de este calibre, en ejercicio de su cargo.

El presidente Barack Obama ha dado pleno respaldo a Holder. Ayer le otorgó “privilegio ejecutivo” a los documentos relacionados con Rápido y Furioso. Este permite no responder, bajo ciertas circunstancias, a una orden de cumplimiento forzoso (subpoena), la que fue invocada en este caso.

Sin embargo, el privilegio ejecutivo no salvará a Holder de enfrentarse a los tribunales del Distrito de Columbia, si el proceso sigue su curso regular. Este consiste en un voto realizado en el pleno de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

“Esta acción divisiva, no ayuda a solucionar los problemas que llevaron a la operación y a otras previas. No hace nada para proteger más a nuestros agentes. Es una táctica en año de elecciones, diseñada para distraer la atención y como resultado, ha desviado recursos críticos”, dijo Holder en una declaración, tras el voto.

Fuentes de la Administración defendieron el uso del poder ejecutivo y enfatizaron a La Opinión que el presidente George W. Bush utilizó este recurso seis veces, Clinton por su parte, lo hizo en 14 ocasiones. “Ambos para proteger la misma categoría de documentos que estamos salvaguardando hoy”, resaltaron.

Por otra parte, en una inesperada declaración, la familia del agente Brian Terry -asesinado en México por miembros de los cárteles, con un arma vinculada a Rápido y Furioso- respaldó el voto.

“El rechazo de Holder a emitir los documentos y la extensión del privilegio ejecutivo, por parte del presidente Barack Obama, le niega la verdad a la familia Terry y al pueblo estadounidense [… ] Hemos pedido justicia por 18 meses y los documentos deben ser entregados”, especificaron.

“Hicimos lo necesario”, dijo el presidente del comité de supervisión, Darrel Issa (R-CA). “En la reunión que sostuvimos el martes, él dijo que si proseguíamos con la acusación de desacato, sería el final del camino de la cooperación, pero esperamos que no sea así”, comentó.

“Quiero que quede claro que nos importa la familia de Brian Terry y queremos llegar al fondo de esto, pero me rehuso a creer que la gente trató de cubrir evidencia. Es fácil para nosotros sentarnos y juzgar al Procurador General, quien trata de proteger a 300 millones de personas. Está actuando de buena fe y creo que debemos cooperar con él”, enfatizó el demócrata de más alto rango en el comité de supervisión, Elijah Cummings (D-MD).

La experta en asuntos legales de Heartland Institute, Maureen Martin, insistió en que el privilegio ejecutivo, es una afirmación extraordinaria de poder, que no debe ser invocada a la ligera y que se usa para proteger procesos de deliberación en el poder ejecutivo.

Consultados por La Opinión, la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner (R-OH), no realizó comentarios respecto a un posible voto en el pleno de la asamblea. Sin embargo, una declaración del congresista realizada, el 11 de junio pasado, indicó que se le ha dado el tiempo suficiente a Holder para cooperar. Asimismo, enfatizó que si no se entregan los documentos “no habrá otra opción”, que seguir con la acusación de desacato.

Si la Cámara Baja aprueba el proceso, el caso pasaría a la Fiscalía del Distrito de Columbia, la que decidirá el destino del Procurador General, quien incluso podría enfrentar una pena carcelaria.

Desde 2010 el Congreso ha indagado sobre la Operación Rápido y Furioso, una táctica de trasiego ilegal de cerca de 2,000 armas -utilizada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) en 2009-, las que luego se extraviaron.

Holder ha estado en el centro de las críticas, sobre todo respecto a cuándo se enteró de la operación, qué hizo y el nivel de responsabilidad que le atañe por su ejecución.

Hasta ahora, el gobierno ha revisado 140,000 documentos relacionados con el caso, de los cuales se han entregado 7,600 al comité de supervisión.

La mayoría de los representantes republicanos defendieron la decisión de Issa de seguir con la acusación de desacato, mientras los demócratas, criticaron la medida como un teatro político, en contra del actual gobierno.

Congresistas como Raúl Labrador (R-ID) incluso clamaron por la renuncia de Holder, uniéndose a llamados de otros legisladores, como el senador John Cornyn (R-TX). El Procurador General, por su parte, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de renunciar.