Ofensiva contra ‘dreamers’

WASHINGTON, D.C.- Veinte senadores republicanos, disputaron esta semana, la decisión del presidente Barack Obama, de parar las deportaciones de jóvenes, además de otorgarles acción diferida.

Hace poco más de una semana la Casa Blanca realizó el anuncio, en pleno año de elecciones, generando un inmenso revuelo a nivel nacional. Grupos pro inmigrantes y jóvenes le dieron la bienvenida, mientras las críticas no se quedaban atrás.

Esta semana 20 senadores republicanos, incluido el líder de la minoría en el Senado Mitch McConnell (R-KY) y el republicano de más alto rango en el comité judicial de la Cámara Alta, Charles Grassley (R-IA), enviaron la carta.

En ella, cuestionan la autoridad legal del mandatario para tomar una decisión de este calibre. “Usted juró defender la Constitución y cumplir las leyes. Su reciente directiva va en contra de esta responsabilidad. No sólo es un atentado a nuestro sistema de gobierno representativo y al proceso legislativo, sino también un uso inapropiado del poder ejecutivo”, detalló la misiva.

Los legisladores republicanos le preguntan de manera insistente al presidente Obama si consultó con abogados antes del anuncio y piden copias de documentos, asociados a esta determinación. Fuentes cercanas al proceso, han asegurado a La Opinión, que previo a la acción gubernamental, hubo amplias deliberaciones con asesores legales de la Casa Blanca, además de encuentros con los jóvenes y grupos pro inmigrantes.

Incluso, grupos como United We Dream, le dieron un paraguas legal al mandatario, hace algunas semanas, cuando presentaron una carta firmada por 96 académicos -expertos en inmigración de prestigiosas universidades-, para aclarar por escrito, que sí estaba dentro de su ámbito legal de acción, otorgarles alivio administrativo. Entre ellas UCLA, Yale y Harvard.

Por ahora no está claro si la Casa Blanca proveerá los documentos e información demandada por los legisladores. Sin embargo, existen otros puntos que resaltó la misiva, que tanto el Presidente como la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, deberán contestar con el paso del tiempo.

Entre ellos, los efectos en el mercado laboral para jóvenes entre 16 y 24 años, que de acuerdo al Departamento del Trabajo, bordea el 17% de desempleo. Además, figuran las dudas en cuanto al proceso mismo. ¿Qué tipo de documentos se requerirá presentar? ¿cómo se prevendrá el fraude? ¿qué bases de datos se usarán para realizar la revisión de antecedentes?

“La Administración no tiene ningún plan y no liderará un esfuerzo serio para probar a qué edad la persona entró a Estados Unidos. Claramente alguien que ingresó a los 40, podrá, con unos cuantos documentos falsos, probar que tiene 30 años y fue traído al país a los 15”, declaró el senador Jeff Sessions (R-AL), uno de los firmantes de la carta.

Asimismo, el costo de la medida, es un tema que preocupa en extremo a Washington. Los legisladores pidieron a la Casa Blanca asegurar que esto no implicará una carga para los contribuyentes y si planea redirigir recursos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para implementar la nueva directriz.

Consultados por La Opinión sobre este último punto, el día del anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional, declinó formular comentarios al respecto.

Por otra parte, en la Cámara de Representantes, el presidente del Comité Judicial, Lamar Smith (R-TX), pidió opiniones legales al Departamento de Justicia, respecto a la constitucionalidad de la medida. Junto con esto, solicitó al director de USCIS, Alejandro Mayorkas, que responda preguntas acerca de cómo se prevendrá el fraude, que ellos aseguran, muy probablemente ocurrirá, tal como sucedió en la reforma migratoria de 1987.

“El pueblo estadounidense y el Congreso tienen derecho a saber cuál es su justificación legal para embarcarse en una acción como esta”, insistió Smith, al calificar la medida como una amnistía.

Aunque congresistas como Steve King (R-IA), han amenazado con presentar iniciativas en la Cámara de Representantes, que anulen la decisión del Presidente o limiten los fondos para su ejecución, senadores como Robert Menéndez (D-NJ) han desestimado su efecto, ya que necesitarían ser aprobadas en el Senado, de mayoría demócrata.