Activistas declaran “día negro” por decisión del Supremo
Aseguran que el fallo de la Corte Suprema respalda la aplicación del que ha sido considerado el eje principal de la ley contra los indocumentados
Los Ángeles – La directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés), Angélica Salas, consideró hoy que la decisión del Tribunal Supremo sobre la ley antiinmigrante de Arizona supone un día “negro” para el país.
“El fallo de hoy marca un día negro para la justicia en la historia de Estados Unidos. Con un sólo manotazo, el Tribunal Supremo ha coincidido con Arizona y establecido que el perfil racial es una herramienta aceptable para el uso de las fuerzas del orden”, declaró Salas en un comunicado.
Aunque la Corte Suprema rescindió aspectos importantes de la SB1070, los activistas creen que respalda la aplicación del que ha sido considerado el eje principal de la ley, permitiendo que las autoridades durante una investigación verifiquen si un sospechoso es un inmigrante indocumentado.
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Salas hizo un llamado para que California lidere medidas que protejan a los inmigrantes indocumentados.
“Estados como California pueden liderar en momentos como éstos, remando contra corriente y erigiendo ‘paredes de auxilio’ como la propuesta de ley TRUST Act (AB1081), que impediría que el programa Comunidades Seguras se implemente impunemente en el estado”, dijo la directora ejecutiva de CHIRLA.
Por su parte, el presidente de la Red Nacional de Jornaleros, Pablo Alvarado, urgió a la comunidad a que pida al presidente, Barack Obama, que se niegue a “deportar las víctimas de la SB1070″.
“La decisión de la Corte Suprema da a las autoridades de Arizona nuevas herramientas para separar las familias y violar los derechos civiles, pero ello sólo puede suceder si el Gobierno federal está de acuerdo en proceder y portar las víctimas de la SB1070”, señaló Alvarado en un comunicado.
El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló la mayoría de las cláusulas de la polémica ley SB1070 de Arizona, que convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese estado, pero permite a las autoridades estatales de Arizona verificar el estatus migratorio de personas que detenga por pequeñas infracciones.
