Congreso colombiano decide hoy si archiva polémica reforma judicial

El Gobierno entiende que, si la reforma es aplicada, puede producir un “caos judicial", pero varios congresistas avalan la propuesta

BOGOTA – Las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de Colombia votarán hoy si archivan o no una polémica reforma judicial en la que los congresistas incluyeron cambios que les beneficiaban y que, según el Gobierno, si es aplicada, puede producir un “caos judicial”.

En un documento consensuado este miércoles, tras haber analizado las objeciones del Gobierno a la reforma, los congresistas sostuvieron que no ha habido violación de la Constitución del país, en respuesta a una propuesta de veto de la reforma por parte del presidente Juan Manuel Santos por razones de “constitucionalidad”.

El presidente lideró la propuesta de “hundir” la reforma, por lo que el pasado martes hizo una invitación pública a los congresistas a votar en este sentido y el domingo convocó sesiones extraordinarias para ayer y hoy.

La reforma judicial fue impulsada por el Gobierno con el fin de agilizar la administración y funcionamiento de la Justicia, pero el cuerpo legal fue alterado por cuenta de algunos legisladores con cambios de última hora en la sesión en la que las Cámaras alta y baja debían conciliar el texto.

Esos cambios crean un limbo jurídico para más de 1,500 funcionarios investigados al cambiar los procesos de investigación y juicio para altos aforados mientras restan responsabilidad a la Corte Suprema y se la dan a instancias aún no creadas.

Otra de esas modificaciones borra la pérdida de investidura o “muerte política”, el mayor castigo para un congresista.

Asimismo, aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes, eleva de 10 a 20 años el requisito de experiencia para llegar a esos altos tribunales, elimina el Consejo Superior de la Judicatura y dispone quiénes elegirán al procurador y al contralor del país.

Los cambios subrepticios a la reforma le costaron el puesto al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien el viernes renunció de manera irrevocable y asumió su responsabilidad, que no culpabilidad, en la conciliación del texto.

Por su parte, los conciliadores del acto legislativo denunciaron el miércoles que Esguerra conoció en todo momento el contenido del texto conciliado y que no fue engañado como alegó tras su renuncia.

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