Policías no podrán comprar coches confiscados
La nueva norma prohíbe a los empleados del LAPD adquirir, de ninguna manera, coches o partes en la Asociación de Corralones Oficiales de la Policía.
A la luz del escándalo de corrupción en Maywood, donde una compañía de grúas gratificó a policías vendiéndoles a bajo costo los autos que decomisaban, la Comisión de Policía de Los Ángeles prohibió que los agentes de esta ciudad compren coches o partes automotrices de los corralones.
“Es una medida preventiva”, explicó el jefe de la Policía de Los Ángeles (LAPD) Charles Beck. “Es para asegurar que nadie use su cargo para obtener algo”, subrayó.
Para la Liga Nacional de Abogados (NLG), la medida presume que el departamento detectó casos donde agentes se beneficiaron de las incautaciones de vehículos a conductores sin licencia. “El cambio es una indicación de que algo estaba mal”, comentó la abogada Cynthia Anderson-Barker.
El grupo ha denunciado que la Policía angelina se basó en estereotipos raciales para detener a choferes indocumentados con la idea de confiscarles sus coches. Pero también teme que éstos hayan tomado ventaja de una práctica que envió a los depósitos a 63,000 carros en 2011.
“Ahora no habrán más motivaciones para que los policías continúen parando a los conductores sin licencia”, agregó la abogada Anderson-Barker.
En una entrevista con La Opinión, Beck negó que la norma haya sido el resultado de una investigación o que hayan detectado casos específicos en la agencia. “Es para asegurarnos que no haya conflictos de interés”, dijo el jefe policiaco. “Es una aclaración de las reglas que hemos aplicado por mucho tiempo”.
La Asociación de Corralones Oficiales de la Policía (OPG), que agrupa a las empresas de grúas que tienen la concesión para remolcar y almacenar los autos incautados por el municipio, no comentó al respecto.
Por años, los remates de coches han sido una fuente importante para pequeñas agencias automotrices, vendedores independientes, deshuesaderos, mecánicos o personas que buscan autos a bajo precio. Las ofertas iniciales en las subastas suelen ser de $400 y según las condiciones de las unidades, pueden superar los $5,000.
La nueva norma prohíbe a los empleados del LAPD adquirir, de ninguna manera, coches o partes en las OPG, con excepción de aquellos comprados en subastas oficiales de vehículos públicos. Esta práctica, representaría una “pérdida de la confianza pública”, justifica la política.
Quienes no cumplan con esta nueva ley, advierte la corporación, estarán sujetos a acciones disciplinarias, incluso enjuiciamiento penal.
A decir de Anderson-Barker, si un agente se dedica al negocio de la compra-venta de coches decomisados, no sólo incurre en un conflicto de interés. “Si lo vuelve a vender y obtiene dinero es una forma de corrupción”, señaló la abogada.
El único caso documentado de corrupción que involucró a una compañía de grúas y policías ocurrió en Maywood hace unos años. Ahí, Tooradj Khosroabadi, dueño de la empresa, vendía los vehículos decomisados a los policías y les pagó viajes a Las Vegas, comidas y entradas a eventos deportivos.
