Abogado inmigrante tendrá licencia pero no residencia

La Federación Americana para la Reforma Migratoria está en contra de la solicitud de Sergio García
Abogado inmigrante tendrá licencia pero no residencia
La presidenta de la Suprema Corte de California, Tani Cantil-Sakauye.
Foto: AP / Archivo

Los Ángeles.- La Federación Americana para la Reforma Migratoria (FAIR) criticó hoy que el inmigrante indocumentado Sergio García pidiese ante el Supremo de California el poder ejercer como abogado, después de haberse graduado hace tres años.

“Esto es una muestra del nivel del absurdo al que ha descendido el debate de inmigración”, afirmó hoy en un comunicado el portavoz de FAIR, Ira Mehlman, que se declaró abiertamente en contra de que ejerza su profesión el abogado Sergio García, que cuenta con el respaldo de la Colegio de Abogados de California.

Según señaló la Corte Suprema, el Comité de Examinadores del Colegio de Abogados de California certificó el nombre de García ante la corte para ser admitido ante la asociación estatal, notificando que el aspirante estaba en proceso de solicitar permiso legal de residencia en el país.

El abogado de 35 años, graduado de la Escuela de Leyes Cal Northen, aplicó para la ciudadanía bajo el patrocinio de su padre, un residente legal cuando vino a Estados Unidos desde México en 1995.

El ahora letrado entró por primera vez a Estados Unidos traído por su familia cuando tenía 17 meses de edad y la familia García permaneció en el país hasta que Sergio cumplió nueve años, momento en el que regresaron a México.

Posteriormente, según contó el joven abogado, su padre regresó a Estados Unidos y obtuvo una visa de residente bajo la ley de amnistía de 1986.

Cuando ingresó nuevamente al país, a los 17 años, García aplicó por un permiso de residencia legal que esperaba duraría de tres a cinco años. Sin embargo su caso ha estado pendiente durante 18 años y no se espera que sea resuelto hasta antes de 2019.

Una vez terminó su preparatoria, García estudió en Butte College y en la Universidad Estatal de Chico, usando tarjetas de crédito para ayudar a financiar su educación y graduándose como paralegal certificado. Posteriormente se tituló como abogado en 2009.

García aprobó su examen ante el Colegio de Abogados en su primer intento, siendo certificado por la asociación como idóneo en sus conocimientos y poseedor de un sólido carácter moral.

“El estatus del señor García en Estados Unidos, no debería, ‘ipso facto’, ser motivo para excluirlo de la licenciada de leyes”, afirmó en un comunicado el Comité de Examinadores de Abogados de California.

“Él ha cumplido todas las calificaciones prescritas y no hay razón para creer que él no puede tomar el juramento y desempeñar fielmente sus funciones como abogado”, certificó el Comité.

No obstante, según explicó Linton Joaquín, abogado principal del Centro de Nacional de Leyes de Inmigración, “existen leyes federales que limitan a las agencias estatales el emitir licencias a personas indocumentadas”, por lo que la asociación de abogados no puede otorgarle una licencia válida.

Por su parte, García argumenta que la ley no aplica para la Corte Suprema de Justicia de California que otorga las licencias para abogados, por lo cual llevó su petición hasta esta instancia.

Sin embargo, aunque el Supremo otorgara la licencia a García éste no podría ejercer ningún trabajo legal en el país por su condición de indocumentado.

Otros casos similares al de García son el de José Godínez-Samperio, graduado del Colegio de Leyes de la Universidad Estatal de la Florida, o César Vargas, graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, quien aprobó el examen pero no ha sido aceptado en el Colegio Estatal de Abogados.

“Lo que estamos viendo una y otra vez es que las personas toman malas decisiones y después piden al público estadounidense que miren para otra parte y las premien por eso, lo que es simplemente inaceptable para la mayoría de los estadounidenses”, concluyó Mehlman. EFE