Blandas las leyes mexicanas contra el lavado de dinero

En el sistema financiero mexicano son lavados recursos hasta por $39 mil millones anuales de acuerdo con el Departamento de Estado norteamericano.

MÉXICO, D.F.- El congreso mexicano detuvo sin aprobar en los últimos meses la Ley contra el Lavado de Dinero que endurece las políticas oficiales contra recursos procedentes del narcotráfico como en el caso del banco HSBC acusado de enviar sólo en un año 7,000 millones de dólares en efectivo desde México a Estados Unidos.

La ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados desde abril pasado, debió de ser ratificada por el Senado, pero se archivó sin fecha de resolución.

La normativa contempla hasta 10 años de cárcel para los empresarios que oculten, manipulen o falsifiquen información para encubrir operaciones inusuales y flujo de efectivo superior a los $7,500, aproximadamente.

De acuerdo con el Departamento de Estado norteamericano, en el sistema financiero mexicano son lavados recursos hasta por $39 mil millones anuales provenientes de ingresos de la venta de droga.

Sin una reglamentación fuerte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores – encargada de regular al sistema financiero- sólo pudo aplicar a las sucursales del banco británico HSBC en México “sanciones administrativas” como el cierre de 3,600 cuentas entre 2002 y 2009 por “sospechosas”.

Guillermo Babatz, presidente de la CNBV dijo que desde 2002 hizo ver a los directivos de HSBC, “la absoluta necesidad de mejorar los controles del banco contra el lavado de dinero”, pero no tenían más herramientas.

Los argumentos Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado norteamericano dejó en evidencia la falta de fuerza de la CNBV encargada de detectar las operaciones irregulares.

“Ejecutivos y personal de HSBC trabajaron para construir una cultura de cumplimiento de normas, pero repetidamente enfrentaron un personal en México en desacuerdo con las políticas y procedimientos anti lavado del grupo”, detalló el informe.

El expresidente ejecutivo de HSBC en México, Paul Thurston (2007-2008), fue más explícito: “Los empleados del banco se convirtieron en blanco de sobornos, extorsión y hasta secuestro”.

El combate al crimen organizado desde sus finanzas fue una de las principales carencias de la administración del presidente Felipe Calderón, de acuerdo con diversos críticos que rechazaron “la débil” estrategia del combate frontal con las armas.

El investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, señaló que la falta de éxito de la actual política contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón ha sido la falta de instrumentos para desmantelar redes patrimoniales.

“No existe otro camino para abatir y desmantelar a la delincuencia organizada que procesando a los políticos y empresarios corruptos, expropiándoles sus bienes patrimoniales y recursos financieros, producto de ilícitos y dinero mal habido, mediante unidades de inteligencia financiera y jueces especiales dotados de mayores facultades y capacidad”.

En mayo pasado, la entonces candidata presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) urgió al legislativo para convocar “de manera urgente” a un periodo extraordinario de sesiones, pero su propuesta no tuvo eco como la de otras voces que pidieron agilidad en el tema.

La promovida ley obligaría a entidades financieras, fedatarios, distribuidoras de autos, agentes aduanales, joyeros, empresas de blindaje e inmobiliarias a brindar información a las autoridades para detectar probables operaciones vulnerables al lavado de dinero.

Además los casinos y centros de apuesta deberían rendir cuentas ante la Secretaría de Hacienda por operaciones superiores a los $1,500 si la autoridad lo requiere y sin que ésta lo solicite si se maneja más de $3,000.

Esta información sería remitida a una unidad especializada en análisis financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), que daría a la investigación un sesgo penal.

Sin estas atribuciones, la PGR sólo logró 79 sentencias por delitos vinculados a recursos de procedencia ilícita en los últimos cinco años, aún cuando inició 1,376 averiguaciones previas.

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