Envían a prisión acusado de hackear correos
Santo Domingo – Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva José Ángel Gómez Canaán (Jochy), imputado de hackear cuentas de correos electrónicos de decenas de empresarios, políticos, funcionarios y diplomáticos.
La Fiscalía informó que el juez Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente, acogió el pedido del Ministerio Público, e impuso la referida medida que deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, a 36 kilómetros al suroeste de esta capital.
Según la investigación de la Fiscalía, entre los afectados por Gómez Canaán figuran, el ex embajador de Estados Unidos en Santo Domingo, Hans Hertell. También, el asesor financiero Luis Álvarez Renta, quien guarda prisión en la cárcel de Najayo por fraude bancario.
El detenido es hijo de José Guillermo Gómez, un conocido periodista, a quien la Fiscalía llegó a cerrar el diario electrónico Siglo 21 en medio de las investigaciones de hackeos, las cuales se iniciaron con la sospecha de que habían sido interceptadas comunicaciones electrónicas privadas de la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, con la esposa de un ejecutivo bancario.
La Fiscalía dijo que Gómez Canaán actuó “en complicidad con grupos de hackers con ramificaciones internacionales, en especial con sede en la India y Vietnam, a través de los cuales solicitaba las claves de distintas cuentas de correos, para materializar sus intervenciones fraudulentas, en violación la privacidad de los afectados”.
Precisó que durante el proceso investigativo, apoyado en labores de inteligencia, seguimiento, análisis forense y una ardua investigación, recabó evidencias suficientes que “comprometen más allá de cualquier duda razonable, al prevenido en decenas de violaciones a cuentas de correos, en perjuicio de ciudadanos que utilizan esa herramienta tecnológica para comunicarse en sus labores cotidianas”.
Resaltó la gravedad del delito, al recordar que los afectados utilizan sus cuentas privadas de correos para manejar informaciones clasificadas, tales como manejo de cuentas bancarias, asuntos institucionales, comerciales y estrictamente personales.
Las pruebas contra el imputado fueron recabadas en una villa en Casa de Campo (este), así como en esta capital, en su residencia del exclusivo sector Los Cacicazgos, en un bufete de abogados localizado de la avenida López de Vega y una oficina ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina Tiradentes, donde fueron ocupados equipos electrónicos.
