Protestarán contra deportaciones del alguacil de Los Ángeles

Activistas piden que Lee Baca que apoye la ley AB 1081, conocida como “Acta de Confianza”, que prohíbe que una persona que no ha sido convicta de un crimen mayor termine en un proceso de deportación

La protesta contra el alguacil de Los Ángeles, Lee Baca, será por participar en un programa de colaboración entre las autoridades locales e Inmigración.

La protesta contra el alguacil de Los Ángeles, Lee Baca, será por participar en un programa de colaboración entre las autoridades locales e Inmigración. Crédito: Ciro Cesar / La Opinion

Los Ángeles – Una coalición de grupos defensores de los inmigrantes y los derechos civiles anunció hoy una nueva protesta contra el alguacil de Los Ángeles, Lee Baca, por participar en un programa de colaboración entre las autoridades locales e Inmigración.

“Lo que queremos es que Baca deje de hacer lo que está haciendo”, afirmó a Efe Pablo Alvarado, presidente de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, en inglés), una de las organizaciones que está promoviendo las protestas contra Baca.

Según explicó el dirigente, lo que se pide al alguacil angelino, “que ha deportado más gente que Arpaio en el condado de Maricopa” (Arizona), es que apoye la ley AB 1081, conocida como “Acta de Confianza” y que “prohíbe que una persona que no ha sido convicta de un crimen mayor termine en un proceso de deportación”.

La protesta del próximo miércoles frente a la estación del Departamento del Alguacil en el este de Los Ángeles ha sido convocada por NDLON junto a la National Lawyers Guild (NLG), la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCICE, en inglés) y el centro del Trabajo de UCLA, entre otros grupos.

En la manifestación se pedirá además un cambio a las medidas punitivas del departamento que dirige el alguacil contra los inmigrantes que conducen vehículos.

Entre las medidas que se critican, según se explicó hoy, figuran “el decomiso continuo de vehículos, las violaciones a la Cuarta Enmienda y el derecho al debido proceso, bajo estas políticas que injustamente criminalizan a la comunidad inmigrante”.

Lo que se pedirá a Baca es que “simplemente aplique la ley y no se niegue a hacerla cumplir”, recalcó Alvarado al referirse a la aplicación de la AB 1081.

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