Mi Pueblo, el lío por E-Verify

SAN FRANCISCO.– La decisión de los supermercados Mi Pueblo de enrolarse en el programa E-Verify no ha dejado satisfecho a nadie, quizá con excepción del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

“Fue una decisión muy difícil”, comentó Perla Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Públicos de Mi Pueblo. Dijo que fue “por recomendación del gobierno federal” que la compañía adoptó el programa E-Verify —un sistema de internet que permite a los negocios verificar si sus empleados tienen derecho a trabajar en los Estados Unidos.

Inatacable en su legalidad, la decisión de Mi Pueblo ha generado controversia en al menos tres frentes:

Recrudeció la pugna entre la compañía y el UFCW, un sindicato que agrupa, entre otros, a trabajadores de supermercados, tiendas departamentales, industrializadoras de alimentos y expendios de mariguana legal.

Avivó lo que parece ya un pleito personal entre Juvenal Chávez, fundador de la compañía, y Dave Cortese, uno de los cinco supervisores del condado de Santa Clara, mencionado con insistencia como eventual candidato a la alcaldía de San José, que se disputará en 2014.

Y alentó suspicacias sobre la sinceridad de Juvenal Chávez, quien no pierde ocasión en recordar que es un inmigrante de humilde origen —llegó sin documentos a los Estados Unidos en 1984—, con un propósito central: hacer sentir a sus clientes, empleados y colaboradores como en casa.

Lo desconcertante es que enrolado Mi Pueblo en E-Verify —programa que no es obligatorio en California ni en el país, con excepción de los estados que han endurecido de manera unilateral su política migratoria, como Arizona—, el “simple, amigable y servicial” Juvenal Chávez —tal como se le describe en la página oficial de su compañía— demanda a sus nuevos empleados mostrar documentos legales para entrar a la casa.

Ambiciones

A juicio de Gerardo Domínguez, director de Campañas Estratégicas del Local 5 del UFCW, Juvenal Chávez enroló a Mi Pueblo en E-Verify por “ambición”. Supone que el propósito es extender la cadena de supermercados a nivel nacional y, en ese curso, hacer negocios con el gobierno federal —para lo cual es requerido estar dentro del programa de verificación electrónica.

A su vez, la compañía, en voz de Perla Rodríguez, acusa a UFCW de lo mismo: “Un contrato con Mi Pueblo significaría millones de dólares para el sindicato”.

Los trabajadores de Mi Pueblo no están sindicalizados. Según Rodríguez, lo que UFCW pretende es sumar a sus filas a los tres mil empleados de la compañía. Domínguez niega que haya “una campaña activa” en ese sentido. La pugna se ha extendido por una década, de acuerdo a Mi Pueblo.

Durante 2011, con el apoyo de organizaciones religiosas, UFCW subió el tono de la campaña. Acusó a Mi Pueblo de despidos injustificados y maltratar a sus empleados.

“Estamos terriblemente en desacuerdo al escuchar sobre sus actuales prácticas comerciales”, le escribieron el 1 de febrero de 2011 a Juvenal Chávez tres pastores religiosos, uno de ellos el fraile franciscano Javier Reyes, del templo de Nuestra Señora de Guadalupe —con numerosa feligresía hispana.

Al cabo de esa y otras cartas y crecientes movilizaciones, Chávez, quien nació en Aguililla, Michoacán, México, se sintió obligado a responder.

El 7 de agosto de 2011, Chávez escribió a los parroquianos del templo de Guadalupe: “Como católico, es tan profundo mi compromiso que yo personalmente invité al obispo de San José a que visitara mis tiendas, para que él pudiera conocer a Mi Pueblo, mis empleados, nuestros valores y para que hiciera cualquier pregunta que tuviera. Lamentablemente, él no aceptó mi invitación”.

El frente político

Pero un parroquiano del templo, Dave Cortese, entonces presidente del Consejo de Supervisores de Santa Clara, sí le tomó la palabra a Chávez. Y el 9 de noviembre anunció que visitaría una tienda de Mi Pueblo —a la fecha son ya 21 los supermercados de la cadena, ubicados en San José, el Este del Área de la Bahía y el Valle Central de California.

Cortese invitó a la prensa. Arribó a la tienda matriz de Mi Pueblo el 11 de noviembre de 2011, acompañado además de activistas del sindicato y algunos líderes religiosos. El cuerpo de seguridad de la empresa los botó tan pronto llegaron.

Como recuerdo de esa visita queda un volante, producido y distribuido por Mi Pueblo, el cual inicia: “Conozca a Dave Cortese. Quiere ser el próximo alcalde de San José. Para serlo, sin embargo, necesita desesperadamente el apoyo de los jefes sindicales y acceder al dinero que ellos controlan”.

En respuesta a una solicitud de entrevista, Cortese envió a El Mensajero una declaración escrita:

“Los inmigrantes son una fuerza conductora de la economía estadounidense, especialmente aquí en el condado de Santa Clara. Hasta que las políticas migratorias de los Estados Unidos respeten plenamente los derechos civiles de toda la gente, los inmigrantes no deben ser castigados a través de programas confusos y desorganizados como E-Verify”.

Perla Rodríguez, quien sin tapujos acusa a Cortese de “mentir” y difundir “acusaciones sin fundamento” contra Mi Pueblo, opina que todos aquellos que se dicen preocupados por la suerte de los trabajadores debieran unir fuerzas en pro de una reforma migratoria. “Este es un asunto de inmigración. Necesitamos una reforma. Mi Pueblo solo no es la solución”.

Pero a este último, Susan Lubeck, directora regional de una organización, Bend the Arc, conformada por judíos que dicen promover la justicia social y que apoyan a UCFW, responde que para elevar las condiciones de los inmigrantes se requieren de ambas acciones: una reforma migratoria y respeto a los trabajadores.

Ahora, UFCW y sus simpatizantes han convocado a un boicot contra Mi Pueblo, que está previsto iniciará el mediodía del 8 de octubre.