Caso Afiuni toma nuevo giro tras denuncia de violación en prisión

Caracas.- Detenida en diciembre de 2009 tras la liberación de un empresario procesado por varios delitos, acto que llevó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a pedir públicamente su condena, Afiuni denunció en un libro que fue violada mientras estuvo recluida en una cárcel de Caracas hasta febrero de 2010.

Según su relato, a consecuencia de la violación quedó embarazada, pero tuvo un aborto en la cárcel.

En la primera reacción pública por parte del Ejecutivo tras la denuncia, la ministra para la Mujer, Nancy Pérez, afirmó que no se ha recibido ninguna denuncia sobre la supuesta violación, pero aseguró que si hay culpables serán castigados.

Posteriormente, el Ministerio del Servicio Penitenciario emitió un comunicado en el que recogía las declaraciones de Isabel González, directora regional del despacho y directora de la cárcel de mujeres en el tiempo que Afiuni estuvo presa, en el que rechazó las críticas y anunció una querella por injurias contra la jueza.

Desde febrero de 2010, Afiuni está en prisión domiciliaria por motivos de salud con prohibición de hablar con los periodistas.

La jueza, de 46 años, logró este año ser atendida por médicos de su confianza.

El hermano mayor de la jueza, Nelson Afiuni, dijo hoy a Efe tras enterarse de la revelación de su hermana- “Estamos consternados; no sé qué decir. En la familia no sabíamos que hubiera pasado algo así, adicional a todo lo ya monstruoso que le sucede”.

La jueza confesó el asunto al periodista Francisco Olivares, quien escribió el libro “Afiuni. La presa del comandante”, presentado hoy en Caracas, aunque algunos medios locales, como el diario Últimas Noticias ya publicaron algunos fragmentos.

“A mí me sacaron el útero, pero me encontraron seis miomas. Yo tuve una pérdida en el penal”, dijo la jueza tras insistir en que fue “abusada sexualmente en la cárcel” donde, además, fue víctima de otras presas que le propinaron golpizas y la atacaron con armas blancas.

El abogado de la jueza detenida, José Graterol, dijo hoy a Efe que considera a Chávez el “culpable de lo sucedido” en prisión con Afiuni y explicó que el asunto se mantuvo en secreto hasta hoy “por recomendación de psiquiatras” que consideran que “ventilarse públicamente algo así se convierte en una segunda violación”.

No obstante, el abogado aseguró que Chávez “sabía” lo que había pasado y que por todo ello “él es el culpable”.

En declaraciones posteriores, Graterol manifestó su confianza en que “el Ministerio Público que ya tenga conocimiento por medio del libro y medios de comunicación” del delito inicie “la investigación de este hecho punible”.

“A mi no me ha llegado ningún tipo de denuncia de violencia contra la jueza. En caso de que nos llegue, actuaremos en consecuencia”, declaró por su parte la ministra Pérez a la emisora caraqueña Unión Radio.

“Estoy segura, conociendo la justicia que en Venezuela se ha venido implementado, que en caso de que sea cierto, se tomarán las medidas y las sanciones a que tenga lugar”, remarcó.

Por su parte, la exdirectora del INOF dijo que en el ministerio son “los primeros interesados” en que se aclare esta situación y anunció que va a solicitar “el inicio de un procedimiento penal, civil y administrativo por difamación e injuria”.

La funcionaria aseguró que Afiuni “permaneció recluida en una habitación sola en un área de máxima seguridad donde era custodiada por personal femenino y donde está prohibida la entrada de caballeros”.

El proceso contra la magistrada se encuentra paralizado desde abril del año pasado debido a la decisión de Afiuni de no comparecer ante los diferentes jueces que han estado encargados de la causa alegando la falta de imparcialidad del tribunal.

Chávez aseguró el 11 de diciembre de 2009 que Afiuni era una “bandida” que se había aliado a abogados, alguaciles y secretarias del tribunal para facilitar la fuga del banquero y empresario Eligio Cedeño y remarcó que la jueza debía ser condenada a la pena carcelaria mayor, que en Venezuela es de 30 años de presidio.

Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), cuyo informe fue rechazado por el estado venezolano, han solicitado la liberación de la magistrada alegando que en este caso hay una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.