Haitianos exigen pago de prestaciones
Haitianos acampan frente al Ministerio del Trabajo de para pedir la mediación de esta cartera en un conflicto que mantienen con una empresa dominicana. Crédito: EFE
Santo Domingo/EFE Un centenar de haitianos indocumentados acampa por quinto día consecutivo frente al Ministerio de Trabajo de la República Dominicana para pedir la mediación de esta cartera en un conflicto que mantienen con una empresa a la que exigen el pago de sus prestaciones laborales.
Sentados o acostados encima de bultos o cartones en la parte frontal de la citada cartera, los inmigrantes, todos hombres, esperan junto a sus mujeres o sus hijos la resolución de su situación con la empresa para posteriormente marcharse a Haití.
En declaraciones, algunos de los afectados, que llevan entre 10 y 12 años en la empresa, denunciaron la dramática situación por la que atraviesan desde el último sábado cuando decidieron instalarse frente al Ministerio de Trabajo.
Los inmigrantes, explican, trabajaban en la procesadora de cocos Coquera Real, ubicada en la provincia de San Cristóbal (sur), a la que la cartera de Trabajo autorizó el cierre el pasado noviembre después de que esta alegara problemas económico para continuar operando, según una resolución de esta entidad entregada a la prensa por los denunciantes y su abogado. Dos de los afectados, Chago Rotilus y Elmo Ojilus, dijeron que se mantendrán en el lugar hasta que la empresa les pague las prestaciones laborales fruto de sus años de trabajo.
Algunos de los denunciantes han empezado a enfermar “y no tienen dinero para ir al médico”, denunció Rotilus, acompañado del abogado del grupo, Lucas Manuel Sánchez Día, activista de los derechos humanos, quien argumentó que el Ministerio de Trabajo autorizó el cierre de la compañía en cuestión “sin hacer una investigación”.
“En la República Dominicana para cerrar una empresa primero hay que agotar un procedimiento, suspender los contratos de trabajo, pero en este caso no fue así. La empresa solicitó el cierre e inmediatamente se lo otorgaron”, subrayó el abogado.
El dueño de la empresa, identificado como Rafael Emilio Alonso, “creía que haciendo malabarismo jurídico podría evadir las responsabilidades con estos trabajadores, y no es así”, argumentó.
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que cerca de un millón de haitianos reside en RD, la mayoría en situación irregular, dedicados a trabajos agrícolas, hostelería, construcción y otros sectores.
