México: Tuiteros y cibernautas en la mira del narcotráfico
En México, el ejercicio del periodismo es una actividad de alto riesgo, y aunque parezca increíble, ahora tratar de informar a través de las redes sociales, también significa una afrenta para el crimen organizado.
México – Primero fueron los periodistas quienes, amenazados y mutilados por el crimen organizado en el estado mexicano de Tamaulipas, tuvieron que callar, ahora son los cibernautas quienes sufren la presión por atreverse a hablar del narcotráfico bajo el velo de anonimato que da internet.
Las calles de Ciudad de Victoria, la capital del estado, fueron inundadas esta semana con volantes con el siguiente texto: “600,000 mil pesos para el que aporte datos exactos del dueño de la página de Valor por Tamaulipas o en su caso familiares directos”.
El crimen organizado ofrece así más de $47,200 por la cabeza del gestor de una página de las redes sociales Facebook y Twitter que informa sobre lo que sucede en Tamaulipas, en el norte de México, uno de los más azotados por la ola de violencia que vive el país.
Su provocación: informar a la sociedad sobre qué calles no tomar porque acaba de haber un tiroteo o hacer un recuento sobre las personas que desaparecen, un servicio que hacían los medios de comunicación hasta que callaron por las amenazas, atentados e incluso asesinatos dentro del gremio.
“Las redes sociales sin duda han pasado a formar parte de un aparato informativo, mientras el periodismo está arrinconado y silenciado”, dijo a Efe Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión.
México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones que periódicamente informan sobre el número de muertes de profesionales de este sector.
La última, la asociación Campaña Emblema de Prensa (PEC, por su sigla en inglés), que hace unas semanas denunciaba que desde 2000 unos 93 periodistas han sido asesinados en México, 78 desde fines de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una lucha frontal contra los carteles de las drogas que ha cobrado decenas de miles de muertos.
En julio de 2012, el diario El Mañana de Nuevo Laredo (Tamaulipas) anunció en un editorial que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, después de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas, el segundo de ese año.
Desde que en 2004 asesinaron al director editorial, Roberto Mora García, el rotativo había tenido que tomar medidas de autocensura para proteger a sus periodistas de la violencia generada por los carteles del Golfo, de Sinaloa y Los Zetas, que se disputan esa región.
“Otros no lo han hecho público, pero en muchas de las redacciones de nuestro país de estados como Chihuahua, Tamaulipas o Michoacán los medios han dejado de informar en aras de mantener la seguridad”, explicó Ramírez.
Ante la falta de garantías, la decisión editorial más importante que deben tomar los directores de diarios es si alguna información puede o no poner en riesgo la integridad de los reporteros o del periódico entero, y muchos no se la juegan.
Frente a ello, el aparente anonimato que otorga internet ha detonado la aparición de decenas de páginas web, blogs y perfiles en redes sociales que informan de los sucesos que los periódicos ya no se atreven a publicar.
Sin embargo, no siempre está a salvo la identidad de quienes están detrás esos esfuerzos. A finales de 2011 cuatro personas fueron asesinadas en Nuevo Laredo presuntamente por utilizar internet para hacer denuncias contra el crimen organizado a través de un blog.
Dos fueron colgados de un puente y otros dos decapitados con un mensaje de Los Zetas, que explicaba el por qué de sus muertes: teclear demasiado.
Con los periodistas silenciados y los tuiteros con precio a sus cabezas, la más perjudicada es la sociedad, “que todavía no sabe qué daños está sufriendo, al mismo tiempo que el periodismo se retrae ante la ola de violencia”, señaló el director de Artículo 19.
La brecha existente entre la prensa y la sociedad, que “debería proteger a sus reporteros”, crece cada día, lamentó.
“A la sociedad no necesariamente le preocupan los ataques a su prensa”, apuntó Ramírez, a pesar de que sí resulta muy perjudicada ante esta violencia porque no puede tener la información verdadera y completa de lo que está pasando.
“Mientras no haya este ojo crítico que es tan necesario como la prensa en una democracia, lo que se hace es mantener el ‘statu quo’ de un Estado débil, donde elementos como la corrupción son el común denominador”, comentó.
Y los beneficiados de esta situación son los criminales, que ante la complicidad y “la falta de respuesta del Estado” usan a la prensa a su gusto para que digan lo que quieren que la gente sepa y callen lo que quieren que la gente ignore.