No comprendieron lo que se decía

En una corte del condado de Los Ángeles doña Josefina Pérez escuchaba que el juez y el abogado de Bank of America hablaban y hablaban, pero ella no entendía ni papa.

De 57 años de edad, doña Josefina no habla ni entiende bien el inglés, y menos cuando utilizan términos legales.

Era el 16 de mayo de 2012, el día en corte para que doña Josefina y su esposo José Pérez presentaran su caso por embargo hipotecario.

Sin embargo, al finalizar la audiencia no supieron por qué ni siquiera tuvieron la oportunidad de presentar las pruebas de que habían sido víctimas de robo de identidad y de lo que consideran un abuso de Bank of America y fraude por parte de abogados que prometieron la modificación de préstamo.

“No entendíamos lo que había pasado, le dijimos a la señorita que estaba ahí (una secretaria) que necesitábamos un intérprete, pero nos dijo que nosotros lo teníamos que buscar”, mencionó doña Josefina.

Al insistir el por qué no tenían disponible un traductor especializado, los amenazaron con la presencia de agentes del Sheriff y prácticamente los corrieron de la corte.

“Le dije a mi esposo: mejor vámonos, nada más falta que nos vayan a meter a la cárcel”.

Lo que les pasó a los Pérez se está repitiendo en las cortes civiles con mucha frecuencia, señaló la abogada Lenore Albert en una carta enviada al Departamento de Justicia.

Dirigida a Thomas Pérez, fiscal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, y también firmada por representantes del movimiento Occupy Fights Foreclosures, la carta resalta que los propietarios de vivienda defraudados por los bancos no están siendo asistidos con intérpretes en las audiencias de corte.

“Esta negativa de servicios de interpretación tiene un enorme impacto adverso en los miles de propietarios de vivienda con habilidades limitadas para el idioma inglés”, señala la carta.

La abogada Lenore Albert explica que han sido testigos de muchos casos de retenciones ilícitas de inmuebles que los jueces han decidido por “incumplimiento” por parte de los propietarios de vivienda, pero no porque no hayan asistido a la corte, sino por su incapacidad de hablar inglés.

Carlos Marroquín, dirigente de Occupy Fights Foreclosure, mencionó que se trata de una clara violación a los derechos civiles de las personas.

“La mayoría de los embargos son a latinos, por eso es necesario que tengan representación, que entiendan, que puedan hablar y ser escuchados en corte, pero si existe esa barrera, quiere decir que el sistema está quebrado”, apuntó Marroquín.

Michael Ferreira, presidente de la Federación de Intérpretes de California, explicó que en agosto de 2010 el mismo Thomas Pérez, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ordenó a los sistemas judiciales que se debe proporcionar el servicio de interpretación en los casos penales y civiles, que se trata de un responsabilidad de los juzgados sin cobro alguno.

“Pero en California no está pasando eso”, aseguró Ferreira. “Aquí se están dividiendo el presupuesto para intérpretes en causas obligatorias y eventos no obligatorios, por ejemplo, cualquier asunto en lo penal es obligatorio, ahí sí hay intérprete, pero en muchos eventos dicen que no hay obligación alguna, como en los casos de embargo de vivienda”.