Vigente ley para víctimas

WASHINGTON, D.C.— El voto sacó aplausos. Luego de un largo debate en el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó ayer la reautorización de la ley contra violencia doméstica, conocida como VAWA. La medida incluye importantes provisiones para mujeres inmigrantes.

Fue una batalla que el Congreso pasado, no logró aprobar. Pero luego de intensas negociaciones y la presión de grupos de derechos civiles, se consiguió suficiente apoyo.

La iniciativa se acordó en la Cámara de Representantes, con un voto de 288 contra 138.

Minutos antes, el liderazgo conservador llevó a votación una alternativa a la propuesta, pero fue derrotada. Uno de los republicanos que sufragó en contra, fue Mario Díaz-Balart (R-FL). “Hay muchas cosas que estaban técnicamente incorrectas en ese plan. Cuestiones como las protecciones a las tribus, no estaban bien”, explicó a La Opinión.

Votos como este le dieron suficiente fuerza al proyecto de ley S.47, aprobado ya por el Senado, para recabar un amplio apoyo en la asamblea y reautorizar VAWA.

Gracias a esta ley, en 2012 se destinaron cerca de 600 millones de dólares en el fortalecimiento de la investigación, atención a víctimas y el procesamiento de crímenes violentos contra las mujeres.

La legislación permite al gobierno ofrecer las visas U y T para quienes cooperan en investigaciones de crímenes y víctimas de tráfico humano.

Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en el año fiscal 2012, se aprobaron 3,305 peticiones para VAWA y se rechazaron 1,854. En total desde el 2000 -cuando la legislación fue modificada- se han aprobado 68,567 casos asociados a violencia doméstica y se han rechazado 22,856.

El proyecto de ley reautorizado por el Congreso, ayer, asegura la continuidad de protecciones para mujeres inmigrantes. Además, se adhirió el hostigamiento a la lista de crímenes cubiertos por la visa U. Se mantuvieron las exigencias de reportes al Congreso respecto a los tiempos de procesamiento de este tipo de visas.

También clarifica que cuando una persona pide la visa U para sus hijos indocumentados, ellos puedan recibir la visa, si la aplicación se realizó antes que cumplieran 21 años.

En el contexto de la ley de matrimonios internacionales,VAWA exigirá que los participantes detallen si han tenido un historial de violencia, al presentar papeles de inmigración para personas en el pasado.

“Este proyecto incluye muchos ajustes que beneficiarán a hispanas. La visa U se ha convertido en un elemento muy importante. El acoso es un problema grave, muchas latinas son víctimas y ahora por primera vez está incluido”, aseguró a La Opinión la congresista Judy Chu (D-CA).

Las provisiones que protegían a mujeres inmigrantes, de tribus nativo-indígenas y a parejas del mismo sexo, fueron las que causaron mayores roces entre demócratas y republicanos.

Varios miembros conservadores recibieron una fuerte presión de más de 1,300 organizaciones de derechos civiles. “Hemos trabajado mucho tiempo por esto. Teníamos esperanzas en que se aprobara la versión del Senado, pero no anticipamos que sería por un margen tan amplio”.

“Hubo un proceso importante de educación en el Capitolio, donde los miembros conocieron el impacto de VAWA para las víctimas”, aseguró Rosie Hidalgo, directora de política pública para Casa de Esperanza.

Una provisión que estaba contemplada en el plan original de la ley y que no fue incluida, fue el aumento en los cupos anuales para las visas U. El Senado había propuesto entregar 5,000 visas más, provenientes de las cuotas que no se utilizaron entre 2006 y 2011.

Sin embargo, legisladores prometieron incluir este cambio en un futuro proyecto de reforma migratoria.

“Para estados como California, que tienen una cantidad importante de mujeres inmigrantes, estas protecciones son esenciales. Necesitamos asegurarnos que el aumento de las visas U y T esté incluido en una reforma migratoria”, dijo Lucille Roybal-Allard (D-CA).

El próximo paso, es que el Presidente Barack Obama promulgue la propuesta en los próximos días. La ley tiene una vigencia de cinco años, antes de enfrentar un nuevo debate para reautorizarla.