Un trato bárbaro
El encierro solitario de inmigrantes es un horror de nuestra democracia
El principal propósito del alojamiento de indocumentados en los centros de detención es asegurar que el individuo esté presente en su audiencia ante el juez. Sin embargo, ellos son tratados como criminales de la peor calaña, como cuando se les coloca en encierro solitario.
Este castigo, que suele ser 23 horas de confinamiento en un espacio reducido, usualmente sin ventanas, se usa en California contra los criminales más peligrosos. Se argumenta que este aislamiento impide que ellos dirijan desde la prisión actos criminales. No obstante, hay un argumento válido de que este trato perjudica la salud mental del detenido y es un castigo cruel que viola los derechos humanos.
Por eso indignante e inadmisible que este mismo trato lo estén recibiendo individuos que no son culpables de delito alguno, en todo caso de una falta civil.
Las autoridades han dicho que el encierro solitario es tanto un castigo para quienes argumentan o desobedecen órdenes como una protección personal para los detenidos homosexuales, los transgénero, los enfermos mentales y la gente cuya seguridad está considerada en peligro entre los otros detenidos.
Es inconcebible que a un enfermo mental se le someta a una aislamiento que es equivalente a una tortura sicológica, a opinión de los profesionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había reportado en el 2009 el uso del confinamiento solitario con los inmigrantes. Hace unos días, un análisis del The New York Times estimó que cada día hay cerca de 300 inmigrantes detenidos en esta situación. Es hora de poner fin a esta barbaridad.
El gobierno federal, o sea la administración Obama, es la responsable de que este abuso persista hasta el día de hoy. Recae sobre sus hombros el que continúe esta tortura, bajo la excusa que sea, aprovechando que estas personas ni siquiera tienen el derecho a un abogado.
El gobierno es quien debe exigir a los contratistas que administran los centros detención que adecúen sus instalaciones para proteger a los detenidos y evitar este grave abuso contra los indocumentados indigno de una democracia respetuosa de los derechos humanos. De lo contrario es un cómplice más de esta crueldad.
