Poniendo a prueba la voluntad del pueblo

Cuando escucho a conservadores y liberales exponer sus respectivas posiciones sobre el matrimonio gay, debo preguntarme si se están escuchando hablar a sí mismos.

Esta semana la Corte Suprema está escuchando los argumentos orales contra la Proposición 8 de California, la iniciativa de votación de 2008 que intentaba enmendar la constitución del estado para prohibir el matrimonio gay. Y la Ley de Defensa del Matrimonio, que definía el matrimonio como una entidad creada entre un hombre y una mujer y declaraba que los estados no necesitaban reconocer las uniones del mismo sexo.

Es asombroso que — 225 años después de la ratificación de la Constitución— los estadounidenses aún estemos peleándonos sobre el federalismo, los derechos de los estados, las tres ramas del gobierno y nuestro sistema de controles y equilibrio.

Los conservadores que se oponen al matrimonio gay instan a la Corte Suprema a no revocar la voluntad del pueblo al anular la Proposición 8. Y parece que fue ayer cuando sostuvieron que el tribunal debía revocar la voluntad del pueblo anulando una votación que no aprobaban, como aquellas para permitir el uso medicinal de la marihuana.

Los liberales no son más coherentes. Están presentando los mismos argumentos a la inversa. Quieren que la Corte Suprema anule la Proposición 8 pero también quieren que no se entrometa en las iniciativas de votación para legalizar la marihuana medicinal.

También encontramos incoherencias en el asunto de la inmigración. Los que apoyan medidas severas contra inmigrantes ilegales generalmente coinciden con el enfoque del estado de Arizona, que en 2010 ordenó a la policía local y del estado que actuara como reemplazo de los agentes de inmigración federales. Sostienen que los estados tienen el derecho de proceder unilateralmente cuando el gobierno federal no actúa.

Excepto cuando hablamos del estado de Utah, que respondió a lo que ocurrió en Arizona aprobando el así llamado Compacto de Utah, una declaración que según los legisladores del estado debía guiar el debate migratorio. En él hay políticas contradictorias que separan familias, reconocen la contribución económica de los inmigrantes, y ordenan a las fuerzas de seguridad que se concentren en actividades delincuentes en lugar de violaciones civiles de la ley migratoria.

A la izquierda le encanta todo eso, tanto que está ciega a las contradicciones.

Nuevamente, los de la derecha no salen indemnes. Apoyan lo que hace Arizona en nombre de la protección del derecho de los estados a establecer su propio curso en la inmigración, pero aparentemente ese derecho se acaba en la frontera Arizona-Utah. No apoyan el enfoque más tolerante.

Volviendo al matrimonio gay, es cierto que, en 2008, la Proposición 8 fue aprobada por un 52% contra un 48% de los electores en el Estado Dorado.

Sin embargo, una nueva Encuesta Field, publicada en febrero, halló que el 61% de los electores de California hoy aprueba el matrimonio del mismo sexo, con sólo un 32% que se opone.

La Corte Suprema está decidiendo la constitucionalidad de una iniciativa de votación que los electores parecen haber abandonado. La nueva “voluntad del pueblo” es más tolerante que la antigua.

¿Podemos esperar que esos adversarios del matrimonio gay quienes, hace sólo un momento, alegaban que el tribunal debe respetar los deseos de los electores californianos se unan a los manifestantes que están pidiendo que la Proposición 8 se revoque?

Eso sería algo moralmente coherente, lo que significa que —en nuestro estado de ánimo actual—probablemente no ocurra.