Argentina aprueba parte de la reforma judicial (Fotos)

En un acalorado debate, el oficialismo logró su objetivo con la oposición alegando que la iniciativa garantiza la impunidad al gobierno

Centenares de trabajadores se congregaron ayer frente a las puertas del Congreso para pedir a los diputados que rechacen la polémica reforma de la Justicia impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández.

Centenares de trabajadores se congregaron ayer frente a las puertas del Congreso para pedir a los diputados que rechacen la polémica reforma de la Justicia impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández. Crédito: EFE

BUENOS AIRES — La Cámara de Diputados argentina convirtió hoy en ley una parte de la polémica reforma del Poder Judicial que según la oposición vulnera la independencia de la justicia y garantiza al gobierno la impunidad.

En una larga sesión salpicada por los duros cruces verbales entre la oposición y el oficialismo, los legisladores aprobaron la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, muy resistida por un amplio abanico de opositores y grupos civiles.

Ambas iniciativas ya contaban con media sanción en el Senado, donde el peronismo oficialista también tiene el control y cuenta con aliados.

La presidenta Cristina Fernández sostiene que la reforma busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son camarillas de magistrados que protegen sus intereses.

El oficialismo también logró que se aprobaran hoy una serie de modificaciones a la propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve a los magistrados, que según los opositores son insuficientes para dar el aval a dicho proyecto. A raíz de esos cambios, la iniciativa volverá al Senado para su votación.

El proyecto oficialista de reforma del Poder Judicial contiene otras tres propuestas que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados y que serían tratadas hoy en el Senado. Consisten en la publicación en internet de las declaraciones patrimoniales de los jueces y los demás funcionarios públicos, así como de las resoluciones de la Corte Suprema y de los tribunales federales, y que el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial sea mediante concurso.

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