Se debate asuntos de seguridad nacional

WASHINGTON, D.C. — El área de seguridad en la propuesta de reforma migratoria, no ha logrado convencer a republicanos influyentes en el sector. Ayer, en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado, agencias de gobierno indicaron que ciertas zonas de la frontera están seguras en un 78%. La legislación exigirá un 90% de éxito.

Los republicanos de más alto rango en el comité, cuestionaron uno de los elementos básicos del proyecto de ley: el criterio para medir la seguridad en la frontera. El senador Tom Coburn (R-OK), insistió en que si la opinión pública estadounidense no posee la confianza suficiente sobre los cambios en esta área, la legislación no será aprobada.

“Debemos tener una mejor definición de seguridad en la frontera. ¿Qué implica un 90%? ¿qué pasa con el 10% restante?”, preguntó.

El proyecto de ley migratorio especifica que se necesitará alcanzar un 90% de control efectivo en la frontera, antes de que los indocumentados puedan pasar de un estatus provisional a una residencia permanente.

El director de la patrulla fronteriza, Michael Fisher, aseguró que actualmente el sector de más alto riesgo para cruces ilegales, está localizado en Texas y tienen una tasa de efectividad de entre 78 y 79%.

“Esperamos convencerlos de que estamos tomando las medidas necesarias para asegurar la frontera. No lo hemos hecho. Creemos que esta es una solución en la que se puede trabajar. He tenido asambleas públicas en mi estado y después de que explico las principales medidas que propusimos, la mayoría de la gente está satisfecha”, dijo el senador John McCain (R-AZ).

“No existe una respuesta para un sector de la frontera que se pueda aplicar a todos. Lo que funciona en California, no lo hace —necesariamente— en Arizona. En algunos lugares necesitamos tecnología, en otros drones. Uno de los comentarios más útiles hoy, es que el Congreso necesita darle flexibilidad al gobierno en esto”, comentó el presidente del comité, Tom Carper (D-DE).

Fisher aseguró que el número de arrestos en la frontera ha aumentado un 13% en el último año e insistió que con los recursos del proyecto de ley —los que pueden ascender a 6,500 millones de dólares— aumentarán la efectividad, en los plazos determinados por el plan.

Sin embargo, Anne Richards, representante de la Oficina del Inspector General en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), criticó la capacidad de implementación en la agencia e identificó diversas áreas que deben mejorarse para cumplir con los estándares impuestos en la propuesta migratoria del Senado.

La primera está relacionada con la exactitud de los datos. Richards insistió en que se ha identificado manejo de información incompleta y poco exacta. Además, explicó que algunos datos no están disponibles para otras agencias.

Otra área es la planificación. “El departamento necesita hacer un mejor trabajo determinando los requerimientos, identificando los recursos necesarios para alcanzar esos requerimientos y preparar a su personal para conducir esas actividades”, dijo Richards.

Por último, la Oficina del Inspector General mencionó la necesidad de modernizar DHS e integrar tecnología de la información en su sistema y mantenerse actualizado con las nuevas herramientas disponibles para asegurar la frontera.