Deportados siguen a la espera

Roger Tabora Martínez y su esposa Yvette, antes de que el hondureño fuera deportado.
Roger Tabora Martínez y su esposa Yvette, antes de que el hondureño fuera deportado.
Foto: AP

NUEVA YORK — La vida de Yvette Martínez cambió por completo el 18 de febrero, cuando un agente de policía paró el auto en el que viajaban ella y su marido, Roger Tabora Martínez, en Massachusetts.

El inmigrante hondureño fue arrestado debido a una antigua orden de expulsión del país. Fue deportado a Honduras a mediados de mayo.

“Necesito que me devuelvan a mi marido. No se cómo enfrentar esta situación”, dijo entre sollozos Martínez, una ciudadana estadounidense que vivía con el centroamericano en la ciudad de Springfield.

Dos años después de que el gobierno del presidente Barack Obama dijese que daría prioridad a la deportación extranjeros que están en el país ilegalmente con antecedentes delictivos y en momentos en que el Congreso analiza un proyecto de reforma a las leyes de inmigración que resuelva la situación de unos 11 millones de inmigrantes sin papeles, Estados Unidos sigue expulsando gente al por mayor.

Incluso personas como Tabora Martínez, quien no tiene antecedentes delictivos, está casado con una estadounidense y lleva casi una década viviendo en el país.

Al anunciarse la nueva política se dijo que la decisión de concentrarse en la deportación de personas peligrosas era una cuestión de “sentido común”. Esa política, no obstante, tiene definiciones tan amplias que no ha hecho nada por frenar las deportaciones de personas sin antecedentes y con lazos en Estados Unidos, según expertos y organismos defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles.

La suspensión de las deportaciones de personas que no representan un peligro “no se pone a la práctica”, opinó Lorella Praelli, una activista del grupo United We Dream. “La retórica que oímos del presidente Obama y otros altos funcionarios es que no se expulsa a gente que es de baja prioridad y que podría beneficiarse de una reforma, pero lo que vemos en las calles cada día, es precisamente lo contrario”.

La Policía de Inmigración y Control de Aduanas asegura que deportó a 409,849 individuos en el año fiscal 2012, una cifra récord. Un 96% de estas deportaciones entran dentro de las categorías prioritarias de expulsiones del gobierno, aseguran las autoridades federales, que destacan que han adoptado una política que privilegia la seguridad pública y garantiza la integridad del sistema migratorio.

Cuando se dio a conocer la política, que daba amplio margen de maniobra a las autoridades de inmigración, dejando las deportaciones a su criterio (una figura legal llamada “prosecutorial discretion”), el gobierno aseguró que consideraría cancelar la deportación de inmigrantes sin antecedentes policiales que fueran familiares directos de ciudadanos estadounidenses o que tuvieran lazos con su comunidad. Muchos de ellos no serían deportados pero tampoco obtendrían un permiso de trabajo, quedando así en un estado de limbo.

Durante un periodo de 10 meses que empezó en noviembre del 2011, el gobierno revisó 407,329 casos pendientes en las cortes de inmigración e identificó sólo a 27,144 como candidatos a que sus casos fueran cerrados bajo la nueva política. Esos casos incluían a inmigrantes detenidos y no detenidos. De los aproximadamente 27,000 no detenidos, unos 6,300 inmigrantes rechazaron la cancelación de su deportación para batallar su caso en las cortes de inmigración e intentar lograr así un estatus legal, con permiso de trabajo incluido.

Nuevos casos de deportación siguen siendo revisados en la actualidad, dijo Nicole Navas, portavoz de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE.

“Las políticas de ‘prosecutorial discretion’ hacen que la agencia se concentre en aplicar las leyes de inmigración de forma efectiva e inteligente, priorizando la expulsión de acusados de delitos, personas que cruzaron la frontera recientemente y personas que violan las leyes migratorias notoriamente”, declaró la vocera.

ICE, señaló, tiene en cuenta “a la familia directa del individuo” y cancela deportaciones de personas por razones humanitarias, como por ejemplo ser el único proveedor para un menor o dejar a uno sin el “cuidador apropiado”.

Entradas recientes y gente con órdenes de expulsión pendientes, aunque sean de hace una década, son también categorías prioritarias a la hora de deportar. En un día normal de trabajo, ICE detiene a unas 1,509 personas según datos de la agencia de noviembre y diciembre del 2012, recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse en Nueva York.

Otros dicen que es ilógico deportar ahora, cuando se está intentando cambiar las leyes migratorias del país. Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes sin papeles aseguran que Estados Unidos deporta una media de 1,000 personas al día. ICE confirmó los datos: una media de 1,120 personas al día en el año fiscal 2012 y de 994 hasta ahora en el año fiscal 2013.

Varias campañas nacionales por parte de grupos activistas urgen a Obama a suspender las deportaciones como primer paso hacia una reforma a las leyes de inmigración.

“No tiene sentido deportar a los que serían elegibles en una reforma”, señaló Thomas Sáenz, presidente del Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación, conocido como MALDEF. “Este es un asunto de simplemente pura justicia”.

Tabora Martínez, el inmigrante hondureño, por ejemplo, podría regresar legalmente a Estados Unidos si se aprueba la reforma migratoria tal y como está escrita ahora.

Un portavoz de ICE dijo que Tabora Martínez fue deportado debido a una orden de expulsión pendiente, emitida por una corte migratoria en el 2004, y que por lo tanto entra en la categoría de prioridades para inmigrantes a deportar.