Civiles armados combaten el crimen en Guerrero

AYUTLA, México.— Aferrado al volante de una camioneta nueva 4×4, el dirigente mixteco Bruno Placido Valerio (Azoyú, 1967) se mira aún con más poder del que ya tiene, por hacer realidad el sueño de miles de personas de hacer justicia por su propia mano y exhibir el fallido sistema de seguridad pública.

Miles de civiles armados, impulsados por la naciente Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) al mando de Plácido Valerio, montan, desde principios de año, patrullajes, aprehensiones, filtros y puestos de control para frenar los secuestros y las extorsiones.

“Buscamos qué hacer con la mala justicia en el país y no quedarnos de brazos cruzados”, resume sobre el vehículo blindado que usa desde hace unos días “por amenazas de muerte”.

Serpentea por la región de la costa y la montaña que concentra a los municipios más pobres y rezagados del país, donde 97 de cada 100 habitantes no terminaron la primaria, y justo donde él acabó con la discreción de una Policía Comunitaria que desde 1995 vigila, captura y juzga a criminales con sus propios sistemas.

La región es rebelde y disidente del gobierno desde siglos atrás. En 1854, el Plan de Ayutla desconoció al entonces dictador mexicano Antonio López de Santa Anna; un siglo después, el profesor rural Lucio Cabañas encabezó una guerrilla en contra del sistema político que acabó con su vida e igual suerte tuvieron en 1998, un grupo de indígenas que promovía proyectos productivos en El Charco.

Los guerrerenses vieron en su historia que las armas que heredan o consiguen en el tráfico ilegal –según la Secretaría de la Defensa Nacional—pueden ser su peor enemigo o el mejor aliado contra la injusticia o pobreza.

Empujados por la miseria, muchos campesinos se involucraron desde los años 60 en el cultivo de amapola –Guerrero produce el 60% en el país- y la producción de goma de opio, actividades que requieren defensa a punta de pistola, igual que enfrentar a bandas del crimen que diversificaron sus actividades ilícitas.

La autodefensa es, entonces, una actividad natural que hoy la tomó contra el crimen organizado a través de la UPOEG, porque ya era insoportable.

“Secuestraban a una persona cada tercer día, pedían entre 200 mil pesos (unos 1,600 dólares) a los comerciantes hasta 3,500 pesos (290 dólares) a los campesinos”, describe Octavio Maganda, uno de los primeros líderes regionales que respaldó la estrategia del líder de la organización.

Nacido en una de las 230 comunidades indígenas del estado, Plácido Valerio, mixteco bilingüe, padre de cuatro hijos y con un nivel de instrucción secundaria, es un personaje clave para entender a la Policía Comunitaria.

Hace 17 años fue uno de los fundadores del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que estructuró en 130 pueblos un sistema de gobierno basado en los usos y costumbres de los pueblos oriundos, reconocidos en México, con 2,300 policías comunitarios elegidos directamente por los pobladores.

CRAC tiene también una amplia agenda pública que incluye la democratización de la vida pública nacional, la oposición a concesiones de compañías mineras trasnacionales y las altas tarifas eléctricas y ha sido un férreo opositor al gobierno con quien rompió el diálogo hace años.

Bruno Plácido rompió con parte de ese modelo, explica Valentín Hernández, asesor jurídico de CRAC: “primero expandió las autodefensas a zonas vecinas no indígenas, lo cual está prohibido por la constitución y negoció con Ángel Aguirre (el mandatario estatal)”.

A cambio de proyectos productivos, camionetas y equipos de radiocomunicación, Plácido pactó con el gobierno entregar a los criminales detenidos por UPOEG, desenmascarar a su hombres y coordinar acciones con los municipales.

“Queremos desarrollo, no guerrilla donde la gente muere luchando y sigue la pobreza”, justifica Plácido Valerio su acercamiento a las autoridades. “Queremos cambios de fondo, no atole con el dedo”, contrapone Hernández, de CRAC. “Queremos desarrollo sin que tengamos que besarle los pies al gobernador”.