Justicia a la usanza indígena
Los detenidos tienen que esperar las sentencias de los tribunales del pueblo. Crédito: authors
EL PARAÍSO, México A la cima de una vereda terregosa que zigzaguea entre la sierra por una tupida vegetación, se encuentra un símbolo de identidad indígena del estado de Guerrero: la Casa de Justicia, donde se concentra a los malhechores de más alto rango.
Este pequeño poblado de apenas 570 habitantesubicado a unos 150 kilómetros del puerto de Acapulcopor ahora tiene a 20 hombres acusados de asesinato, extorsión, secuestro y venta de droga en fiestas: igual en bodas que en XV años y hasta en las patronales, con el santo enfrente.
Mientras algunos de ellos barren el patio bajo el sol que quema hasta los huesos, son vigilados por policías comunitarios y ancianos mixtecos que diariamente se ofrecen como voluntarios.
Este sistema de vigilancia se repite en las cuatro casas que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) habilitó como cárceles al amparo de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Aquí los “malos” están a la espera de una sentencia que emitirá un tribunal comunitario en asamblea.
Después regresarán al lugar donde cometieron el delito para cumplir el “correctivo”.
“Depende de cómo lo juzgue el pueblo”, precisa Arturo Campos, responsable de la casa de Justicia en El Paraíso, que abrió en 2012.
