El martes se debate la reforma

WASHINGTON, D.C.— El proceso de enmiendas t debate donde se pondrá a prueba la frágil coalición que sostiene el proyecto de ley en el Senado está a punto de comenzar. Mientras tanto el Presidente Obama ha estado tratando de lograr consenso entre los legisladores en torno a la reforma migratoria.

El Senado en pleno comenzará a debatir el tema el próximo martes y se espera emitan su voto final antes del 4 de julio. Para abrir el debate y comenzar con las enmiendas a partir de ese día se requiere una votación un mínimo de 60 senadores a favor.

El líder de la mayoría, Harry Reid (D-NV) considera que no habrá problema en conseguir ese número.

“El Presidente ha estado hablando con los senadores. Lo más importante es aprobar una legislación lo más fuerte posible. Nuestro enfoque es ese y sería grandioso si lo conseguimos con 75 votos”, dijo la directora del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Múñoz.

El senador John Cornyn (R-TX), ya ha dicho que presentará una enmienda al proyecto de ley aprobado por el Comité Judicial que básicamente supeditaría el proceso de legalización de unos 11 millones de indocumentados en el país, al control operacional de la seguridad fronteriza.

Grupos proinmigrantes ven la enmienda de Cornyn como un peligro serio para la sobrevivencia del proyecto de ley.

“Cualquier enmienda que en nombre del control de seguridad, minimice o elimine esto, ataca el corazón del proyecto de ley en el Senado y a los principios del Presidente”, indicó Múñoz,

“Es razonable continuar la conversación sobre control de seguridad (fronteriza), pero es muy importante que cualquier producto que salga de esto, sea consistente con los principios básicos de una reforma migratoria, como el camino a la ciudadanía”, dijo.

En la Cámara de Representantes, un grupo bipartidista de legisladores se encuentra enfrascado en las negociaciones sobre inmigración y ayer el congresista Raúl Labrador (R-ID) se retiró de las discusiones, debilitando enormemente la fuerza y viabilidad del grupo.

Aunque lamentó la salida de Labrador, el congresista Luis Gutiérrez (D-IL) dijo que todavía existe un compromiso por parte de los otros miembros para presentar un proyecto de ley.

“Las discusiones siguen incluyendo el debate sobre si los inmigrantes podrán recibir cuidado médico durante el largo periodo en que esperen su ciudadanía”, declaró.

“La visión del Presidente es que la gente debe tener la posibilidad de comprar cobertura en las nuevas bolsas de seguro médico creadas por el gobierno con su propio dinero. Eso es consistente con el proyecto de ley del Senado. En la Cámara de Representantes hay una discusión diferente, pero no hemos visto lenguaje legislativo sobre eso, por lo que no sé qué proceso delineará”, explicó Muñoz.

“Mi entendimiento es que una de las propuestas que estaban considerando era exigirle a la gente que no acceda a servicios pagados de cualquier manera con fondos federales. Esa es una posición más extrema que la nuestra.”

“Las tarifas son más bajas de lo que anticipamos. Ya hemos visto el caso de California […] El punto de la reforma sanitaria era hacer del cuidado de salud algo accesible. La legalización es para proteger a la personas de deportaciones, integrarlos a la fuerza de trabajo”, agregó.

En paralelo en la Cámara de Representantes, el Comité Judicial está considerando diversos proyectos de ley migratorios. Ayer se presentó uno nuevo destinado a fortalecer el control del inmigración al interior del país. Entre otros puntos, reforzaría el sistema de monitoreo de visas y la política de deportaciones.

Múnoz indico que la Casa Blanca espera que el Congreso considere un proyecto de reforma migratoria antes del receso de agosto.

Pero el ambiente para debatir un proyecto con acceso a la legalización no parece propicio entre los congresistas.

En el debate por el presupuesto 2013 para el Departamento de Seguridad Interna (DHS) la asamblea aprobó ayer jueves una enmienda propuesta por el republicano Steve King (R-TX), la cual le niega fondos al gobierno para implementar la política de discreción en las deportaciones, que si bien el voto fue más simbólico que práctico, obligó a los congresistas a estampar su opinión en el récord legislativo.

Con ello quedó claro que será difícil encontrar el apoyo en el Congreso para un proceso de legalización: 224 legisladores votaron a favor y 201 en contra mientras, 13 no registraron su voto. Respaldaron la propuesta 221 republicanos y 3 demócratas.