Misterio multimillonario en debate del plan

Legisladores no saben qué va a pasar con los impuestos que han pagado los 'sin papeles'

Jornaleros reciben ofertas de trabajo en una calle en Dallas, Texas. Se calcula que al menos tres millones de indocumentados pagan impuestos anualmente.

Jornaleros reciben ofertas de trabajo en una calle en Dallas, Texas. Se calcula que al menos tres millones de indocumentados pagan impuestos anualmente. Crédito: AP

Washington/EFE — En el debate sobre la reforma de inmigración en Estados Unidos persiste un misterio: qué hacer con unos $150,000 millones en impuestos de millones de inmigrantes indocumentados, y cuáles de ellos podrán reclamar los beneficios por los que han pagado.

“No sé, no he escuchado nada al respecto”, dijo, perplejo, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien procura fungir como conciliador entre los sectores más conservadores de su partido que se oponen a la reforma y los republicanos que la creen imprescindible para atraer el voto hispano.

“No tengo idea”, añadió Paul al término de su disertación ante un grupo de cristianos conservadores que rezaron por la reforma integral del sistema de inmigración.

La Administración del Seguro Social calcula que en las últimas dos décadas ha acumulado unos $150,000 millones en impuestos sobre las remuneraciones que han sido depositados con números de cuentas ficticios o falsos. Esto equivale a alrededor del 8% de los $1.7 billones del fondo fiduciario del Seguro Social.

En Estados Unidos, donde no existe un documento nacional de identidad, la tarjeta del Seguro Social con su número de nueve dígitos se usa para muchas transacciones. Y puede adquirirse una tarjeta falsa por unos $100 ó $150 en muchas partes.

El senador republicano de Utah, Orrin Hatch, y su correligionario de Florida, Marco Rubio, han presentado enmiendas al proyecto de reforma migratoria que debate el Senado, que requieren que los indocumentados prueben que han pagado impuestos antes de que se legalice su situación.

Pero un portavoz de Hatch dijo que la legislación que se discute no contempla específicamente el problema del Seguro Social, y que la posibilidad de que los trabajadores que han pagado impuestos con documentos falsos puedan recibir beneficios “quedará a decisión de la Oficina de Rentas Internas”.

“El problema es que muchos han pagado y siguen pagando impuestos usando números de cuentas falsos, inventados, o que corresponden a otras personas”, explicó un asistente del jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, de Nebraska.

David North, un experto en el Centro de Estudios de Inmigración —un instituto que promueve una regulación más estricta de la inmigración— indicó que no hay una forma clara de lidiar con esta situación.

Y Mark Krikorian, director ejecutivo de ese centro, opinó que el dilema del Seguro Social “es en realidad un argumento para mantener a los inmigrantes indocumentados como indocumentados porque así jamás cobrarán los beneficios del Seguro Social”.

Un estudio divulgado el viernes por el Centro para el Progreso Estadounidense sostiene que los inmigrantes indocumentados —que como segmento demográfico son más jóvenes que la población en general— podrían contribuir con $1.2 billones al sistema de seguridad social en las próximas tres décadas y media.

Stephen Goss, jefe de la Administración del Seguro Social, calcula que unos 3.1 millones de inmigrantes indocumentados pagan sus impuestos cada año, y esa contribución llegó a unos $15,000 millones en 2010.

Goss calcula que tres de cada cuatro indocumentados que trabajan, contribuyen al sistema, y que sin la contribución de los indocumentados el sistema del Seguro Social “hubiese entrado en un déficit persistente de recaudaciones para cubrir los pagos desde 2009”.

Con más de 12 millones de inmigrantes indocumentados es enorme la variedad de situaciones que complican una decisión en materia de impuestos y beneficios sociales, apuntó el colaborador del senador Reid.

Hay trabajadores que han usado durante años una o más tarjetas falsas del S.S., y su única posibilidad de cobrar una jubilación o recibir la asistencia del programa gubernamental de subsidios médicos Medicare, es que se presenten a las autoridades, confiesen el delito y obtengan un documento real.

Hay quienes han estado usando nombres y números de otras personas, ya sea porque cargan documentos robados o porque alguien les prestó esas identificaciones. A la hora de reclamar los beneficios no existen, legalmente, para el sistema, y las otras personas tienen contribuciones abultadas en sus cuentas.

“Imagínese la situación de un trabajador indocumentado que, además, tiene dos hijos indocumentados y un tercero que nació en EE.UU. y es ciudadano”, añadió el informante.

“Si fallece, sus dos hijos mayores no tienen derecho a pensión, pero el tercero podría reclamarla y, sin embargo, depende de una contribución a una cuenta falsa”.

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