Los mundos paralelos de la reforma migratoria
El Senado se enfrasca en la segunda semana de debate de un plan bipartidista de reforma migratoria y se anticipan finalmente votaciones sobre enmiendas, aunque algunas van en detrimento del plan, buscando asestar un golpe a la vía a la ciudadanía que ofrece la medida, todo con la única intención de matar la reforma. En la Cámara Baja de mayoría republicana ya hay intentos de enterrar esa reforma aunque todavía no se presenta.
En la Cámara Baja no queda claro quién dirige la orquesta en el tema migratorio, si el presidente cameral John Boehner, republicano de Ohio, quien insiste en que este es el año de considerar una reforma amplia en ese organismo, o si llevan la voz cantante los republicanos anti reforma que sólo abogan por medidas policiacas.
Por ejemplo, esta semana, mientras todos aguardan a ver si por fin el Grupo de Siete de la Cámara Baja presenta su versión bipartidista de reforma migratoria, el Comité Judicial cameral revisará el proyecto SAFE Act, de Trey Gowdy, congresista republicano de Carolina del Sur y presidente del subcomité cameral de Inmigración. Se trata de uno de cuatro proyectos migratorios individuales y centrados en la aplicación de leyes presentadas en la Cámara Baja.
La medida SAFE Act, H.R. 2278, es una especie de “Frankenstein” con piezas de las más nefastas propuestas antiinmigrantes y tiene el fin de criminalizar indocumentados y revivir iniciativas que a nivel estatal han demostrado su ineficiencia en lidiar con el fenómeno migratorio y que incluso han sido frenadas por tribunales.
Así, la medida retoma aspectos de la dudosamente célebre Ley Sensenbrenner de 2005 que criminalizaba a los indocumentados y a quienes los ayudaran. El proyecto Sensenbrenner, del congresista republicano de Wisconsin, James Sensenbrenner, fue aprobado por la Cámara Baja en diciembre de 2005 y sin querer movilizó a la comunidad latina y al voto hispano a través del país en respuesta a lo que fue catalogado como un ataque no sólo a los inmigrantes sino a toda una comunidad.
El proyecto SAFE Act permite, entre otras cosas, que los estados y las localidades apliquen las leyes migratorias federales y que los policías funjan como agentes de inmigración. Es un déjà vu federal sobre la SB 1070 en Arizona o la HB 56 de Alabama, por dar dos ejemplos. La nueva propuesta republicana ignora el fracaso de estas medidas estatales y los daños que ocasionan a inmigrantes y a minorías afectados por leyes que oficializan el uso de perfiles raciales.
Mientras el congresista Gowdy, de Carolina del Sur, sólo revive y perpetúa malas propuestas de política pública y de política electoral, el senador del mismo estado, Carolina del Sur, Lindsey Graham, integrante del Grupo de los Ocho de la Cámara Alta, advirtió a su partido sobre las consecuencias políticas de entorpecer la reforma migratoria.
Pero lamentablemente, algunos de sus colegas republicanos en el Senado, y especialmente en la Cámara Baja, parecen no escuchar porque viven en un universo paralelo.
(Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice)
