Gobierno interviene para proteger votantes en EEUU
El Departamento de Justicia presenta medidas para frenar los cambios para electores en Texas
Washington, D.C.- El Procurador General de Justicia de EEUU, Eric Holder, anunció este jueves que pedirá a la corte de Texas que someta al estado a un nuevo sistema de autorización previa, que supervise cambios en las provisiones que afectan los derechos de los votantes. En junio la Corte Suprema invalidó las regulaciones federales para esta área en el caso Shelby County.
Es una acción sin precedentes por parte del Departamento de Justicia y una que promete generar amplia polémica y desacuerdos políticos. Holder especificó que la Ley para Derechos de los Votantes establece que cuando se encuentra discriminación intencional es posible tomar una medida como esta.
“Basado en la evidencia de discriminación racial intencional que fue presentada el año pasado en el caso para redistribuir los distritos (Texas versus Holder) así como la historia de esta zona […] creemos que el estado de Texas debe ser sometido a un proceso de pre aprobación cuando modifique sus leyes sobre votación”, dijo Holder en un discurso en Filadelfia.
“Esta es la primera acción del Departamento desde la decisión de la Corte Suprema y no será la última. Planeamos utilizar todas las secciones de la ley vigentes para proteger a los estadounidenses”, agregó.
Funcionarios de Gobierno, organizaciones de derechos civiles y expertos legales coincidieron en que las minorías -entre ellas los hispanos- serían las más afectadas con el fallo sobre el caso Shelby.
El tribunal invalidó la Sección 4 de la ley para Derechos de los Votantes. Esta establecía una fórmula para determinar si ciertas áreas geográficas estaban cumpliendo con las condiciones establecidas por la ley, que persigue el acceso igualitario al voto para todos.
A partir de las áreas identificadas a través de la Sección 4, se aplica la Sección 5 de la Ley para Derechos de los Votantes. Esta prohíbe que ciertas jurisdicciones implementen nuevos estándares, prácticas o procedimientos, a menos que la propuesta sea aprobada primero, por el Departamento de Justicia o la Corte de Distrito en Washington DC.
La sección 5, también permite que el Gobierno demande a gobiernos locales y estatales por infringir los derechos de sufragio, si se detecta una violación.
