FBI detiene a 22 en Puerto Rico por fraude bancario

Los arrestados proveían información falsa ante distintas instituciones financieras con el objetivo de lograr préstamos

San Juan – Agentes del FBI detuvieron a 22 personas en Puerto Rico y a una más en el estado de Florida acusadas de participar en un esquema de fraude hipotecario, según informaron hoy autoridades federales de la isla.

La fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, detalló este martes que los 23 individuos están acusados de formar parte de un esquema fraudulento que consistía en proveer información falsa ante distintas instituciones financieras con el objetivo de lograr préstamos hipotecarios.

Rodríguez aclaró en un comunicado que entre los detenidos se encuentran desde agentes inmobiliarios y tasadores de propiedades, hasta empleados de banca, y vendedores y compradores de inmuebles.

En la operación participaron la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda Federal, la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), el Departamento de Hacienda y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Las instituciones financieras contra las que se cometieron las operaciones fraudulentas son Banco Santander, Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, Cooperativa Abraham Rosa, Doral Bank, First Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y RG Premier Bank.

Rodríguez subrayó que los arrestos demuestran el compromiso del Departamento de Justicia federal y la Fiscalía en Puerto Rico para asegurar la integridad del sistema financiero de la isla caribeña.

Indicó además que frenar los delitos financieros es una de las prioridades del departamento.

El jefe de la Oficina del FBI para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Carlos Cases, advirtió que este tipo de delito amenaza a la salud financiera de la población local, porque deja a las entidades bancarias con un préstamo difícil de recuperar y a los vecindarios con viviendas abandonadas y descuidadas.

Los acusados, que pasaron a disposición judicial, enfrentan penas de hasta 30 años de prisión y multas de un millón de dólares en el caso de ser hallados culpables.

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